El informe de la actuaria judicial del juez Humberto Otazú confirma que los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero no presentaron un requerimiento conclusivo en la segunda causa de la mafia de los pagarés respecto a la ex jueza de Paz de La Catedral, Nathalia Garcete, y otros imputados.
La abogada Raquel Talavera había solicitado al magistrado que declarara no presentado el requerimiento conclusivo de la Fiscalía, ya que había pasado el plazo legal, fijado para el 19 de julio pasado.
Es que en la resolución del 22 de mayo, donde el juez admitió la imputación contra la ex jueza de Paz Nathalia Garcete, había fijado para el 19 de julio la fecha para presentar su pedido conclusivo a los agentes fiscales.
Sin embargo, el 10 de julio, los agentes fiscales solicitaron la prórroga ordinaria ante el juez. Ante esto, se fijó para el 19 de julio, a las 10:30 horas, la audiencia donde se iba a estudiar el pedido de más plazo para investigar.
No obstante, el imputado Juan Alberto Bogado planteó recurso de reposición, por lo que la audiencia fue suspendida. Recién el 22 de julio pasado, luego de que pasara la fecha de acusación, se resolvió el recurso que fue rechazado, con lo que se remitió al Tribunal de Apelación para que estudie el recurso subsidiario.
De esta manera, según corrobora el informe de la actuaria Lorena Cabello, no fue presentado un requerimiento conclusivo de parte del Ministerio Público.
Ahora, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, debe resolver el pedido de la defensa de la ex jueza Nathalia Garcete.
Lo que dice la ley. Según el Código Procesal Penal, ante la falta de acusación del Ministerio Público, el juez podrá enviar el caso al fiscal General del Estado, para que presente un requerimiento conclusivo en la causa.
La cuestión está en que, como no se concedió la prórroga antes de la fecha fijada por el juez, y ya pasó la oportunidad para presentar el requerimiento final, no se puede dar una prórroga o tener más tiempo para la investigación del caso.
Con ello, lo único que cabría para la Fiscalía General es que se pida el sobreseimiento provisional para tener un año para realizar las diligencias pendientes, o en su caso, acusar y pedir juicio oral, con las evidencias con las que cuenta hasta el momento.
Además de la ex jueza Nathalia Garcete están imputados los ex actuarios Olivia Mosqueda Núñez y Pablo Cabrera Irigoitia, la ex ujier Mariam Ortiz Aquino, los abogados de CARSA Édgar Ayala Melo, Juan Alberto Bogado, César Rubén Bogarín Alen; la abogada de Plan Urbano SA, Sun Young Bang, y el oficial de Justicia Víctor Hugo Rotela.
Versión de la fiscala Belinda Bobadilla
La fiscala Belinda Bobadilla explicó la razón por la cual no se presentó el requerimiento conclusivo. Manifestó a Última Hora que se pidió prórroga ordinaria.
Sostuvo que el régimen general de plazos, contemplado en el artículo 129 del Código Procesal Penal, establece que los plazos legales y judiciales son perentorios e improrrogables y vencen a las 24 horas del último día señalado, salvo que la ley permita su prórroga.
“Esa misma norma ya contiene la excepción: la prórroga está permitida cuando ‘la ley lo permita’, y precisamente el artículo 325 ‘prórroga ordinaria’, es esa habilitación legal expresa”, sostuvo en comunicación con nuestro medio.
Detalló que el artículo 139 de la misma ley exige una secuencia de dos pasos al respecto, el cual contempla que cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado otro requerimiento en la fecha fijada, y tampoco haya pedido prórroga o ella no corresponda, el juez intimará al Fiscal General del Estado para que requiera lo pertinente, y solo transcurrido este plazo sin que se presente solicitud, el juez declarará extinguida la acción penal.
“En este caso particular, se pidió prórroga dentro del plazo, con días de anticipación, por lo que no se configura el primer presupuesto ‘tampoco hay pedido prórroga’ del 139", resaltó.
