En un país donde los sindicatos parecen especies en vía de extinción y las huelgas son un recuerdo lejano, la movilización de los médicos fue sorprendente. Hubo una enorme adhesión a sus reivindicaciones. No menos de 4.000 médicos salieron a las calles acatando la medida de fuerza que paralizó la atención en consultorios y cirugías no urgentes. Además de las jornadas de mayor convocatoria en Asunción, hubo movilizaciones en Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, San Pedro, Misiones y Central, sobre todo en Itauguá y San Lorenzo.
Ciertamente, lograron visibilizar sus reclamos, pero el éxito más notable de la protesta fue su legitimidad, evidenciada por el apoyo de otros gremios: Organizaciones estudiantiles universitarias, sindicatos de enfermería, personal administrativo, el Frente Sindical de Funcionarios Públicos, organizaciones campesinas y centrales sindicales. La Conferencia Episcopal Paraguaya y varias autoridades eclesiásticas emitieron llamados al Gobierno.
Incluso, ocurrió lo impensable: El respaldo de los pacientes. Colectivos como la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) del Incan emitieron manifiestos respaldando la huelga médica.
Frente a esta realidad, la reacción del Gobierno fue muy extraña. Sus respuestas fueron muy poco empáticas y hubo pálidos esfuerzos por formular propuestas conciliatorias. Esa falta de sensibilidad exacerbó los ánimos de quienes estaban hartos de indiferencia y provocó otra inesperada medida: La renuncia masiva de especialistas de varios hospitales públicos. Es decir, del capital humano irremplazable. En una muestra de solidaridad gremial, los médicos del IPS exhortaron a sus colegas a no cubrir las vacantes de los médicos renunciantes.
El Gobierno cometió otra torpeza: Recurrir al ataque a través de la granja de trolls, perfiles falsos y algunos periodistas, coordinados para atacar de manera despiadada a la mensajera, Rosanna González, intentando desacreditarla.
Cuestionaron su productividad y hasta la vida privada de su familia. Como si el problema estructural de la salud se resolviera destruyendo a la sindicalista.
Mientras la crisis se desarrollaba, el presidente Peña prefirió el rugido de los motores en el Rally de Itapúa. Tardó más de una semana en pronunciarse, y cuando lo hizo, lo único que ofreció fueron promesas escritas en las redes sociales y una rotunda negativa al aumento salarial, calificado por el ministro de Economía como “financieramente imposible”.
Esa “no respuesta” contiene la pregunta incómoda que nadie responde: ¿De dónde sale la plata? La versión oficial es que no hay, pero ella nos lleva inexorablemente a mirar el despilfarro en gastos superfluos, las asimetrías salariales pornográficas en el Estado y la corrupción sistémica que perfora cualquier presupuesto. El problema no es la falta de dinero, sino la falta de prioridad. Los números son tozudos: El Paraguay destina menos del 4% de su PIB a la salud. La OPS establece que los países deben invertir al menos el 6% en gasto público de salud para garantizar una cobertura universal.
A nivel sudamericano, Paraguay se ubica históricamente en el bloque de países con menor inversión pública per cápita y menor porcentaje del PIB asignado a la salud pública.
Esta crisis no es un accidente; es la consecuencia de décadas de abandono. Comparado con nuestros vecinos, nuestro sistema de salud es un desastre. Mientras otros países avanzan en la cobertura universal, aquí los pacientes tienen que comprar suero, guantes y jeringas cuando el paciente llega a Urgencias.
La deuda del Estado con los proveedores de medicamentos supera los mil millones de dólares. Es el síntoma de un país que no invierte en su gente.
Los médicos no piden un aumento para enriquecerse, solo condiciones mínimas para trabajar, insumos y un salario digno que lleva 14 años sin actualizarse. Este gobierno quizás logre apagar el incendio, pero ya no tendrá fuerzas para enfrentar el problema de fondo; sin embargo, alguna vez se entenderá que mejorar el sistema de salud no es un gasto, es una inversión.
Mientras tanto en lugar de usar trolls para atacar a la dirigencia, el Gobierno debería buscar la plata que no aparece.
