Juan Martens, abogado y doctor en criminología, habló en una entrevista con La Lupa, emitida por Telefuturo, sobre el asesinato de Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, y explicó los motivos que estarían detrás del crimen.
“La muerte de Carlos Sánchez estaba anunciada”, comentó como una introducción del desenlace del ex diputado suplente por el Partido Colorado.
El experto se remontó a inicios del 2019 cuando Chicharõ tuvo un problema con el clan con el que mantenía negocios de envíos de “mercaderías” que iban y venían de Bolivia. “Se produjo un pago (USD 100.000) con dólares falsos. Como consecuencia de ese pago dos primos, que eran los pilotos, desaparecen en Bolivia”, relató.
Lo que se menciona en la zona es que incluso se pidieron USD 200.000 solamente para decir dónde estaban los cuerpo de los pilotos, víctimas de aquel engaño. “Ese hecho hizo que se rompa la alianza que tenía con el grupo con el que estaba trabajando en esa zona de Capitán Bado”, señaló.
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Martens mencionó que a este hecho se suman las versiones de la zona que dicen que gente vinculada a Chicharõ fue responsable de la muerte de otros dos hermanos de uno de los pilotos desaparecidos en Bolivia. “Se adelantó. Fueron asesinados (los hermanos) en noviembre del 2019 en Capitán Bado para evitar que le maten a Chicharõ”, reveló.
Estos crímenes aumentaron la sed de venganza que terminó en un atentado fallido. “En diciembre del mismo año, un mes después de los asesinatos a los hermanos, Chicharõ recibió un atentado de película”, recordó.
El especialista en criminología explicó que estos hechos hicieron que Chicharõ Sánchez se diera cuenta de su vulnerabilidad y que se habían roto sus relaciones con los grupos que manejaban el territorio, por lo que decidió salir de Capitán Bado y refugiarse en Pedro Juan Caballero.
“Pero la muerte ya estaba decidida, fue un plan que tardó una pandemia en ejecutarse y que finalmente ocurrió. Es una venganza vinculada a un engaño por haber pagado con dólares falsos y que desencadenó la muerte de los familiares. (...) Habían jurado matarlo en su casa; no querían hacerlo de otra manera, sino que en su casa, en su cama y finalmente es lo que ocurrió”, explicó.
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Dijo que la muerte del político colorado, vinculado al narcotráfico, está más que “justificada” por las facciones criminales, ya que no solo se traba de negocios, sino que fueron involucradas familias, situaciones que son detonantes para una sentencia de muerte.
Al respecto, alegó que estos fundamentos fueron suficientes para que la máxima autoridad de Pedro Juan Caballero, el Primer Comando Capital, diera la autorización. “El que controla la plaza en toda esa frontera es el PCC y ninguna muerte, más aún de esta naturaleza, en territorio controlado por el PCC, ocurre sin que el PCC autorice”, resaltó.
“Todo está justificado, la muerte de Chicharõ está justificada, es lo que merecía (para el crimen organizado). Nadie le engaña al socio, nadie pone en riesgo la familia del socio, es la muerte anunciada, le ejecutan a él y es un ajusticiamiento. Es la puesta en vigencia del código de ejecución en caso de falla”, señaló.
“Es probable que Paraguay se convierta en un narco Estado”
Para Martens, lo que no puede pasar desapercibido es la vinculación directa de Carlos Rubén Sánchez con grupos políticos de la zona y advirtió de este tipo de relacionamiento y de que los propios líderes de grupos criminales suban a la arena política.
“En Paraguay dimos un paso más, es probable que Paraguay se convierta en un narco Estado. De un tiempo a esta parte, financiaban campañas políticas, pero desde las elecciones pasadas están en la política, o sea, dieron un paso más, ocupando concejalías, intendencia y llegando a gobiernos nacionales; es decir, hay una relación directa y tenemos que encontrar mecanismos institucionales para frenar”, comentó.
Dijo que los principales factores para que esto ocurra es la aceptación y la normalización por parte de los propios pobladores y la impunidad con la que operan en sus zonas de control.
“Una violencia letal muy alta, con un porcentaje de impunidad absoluta, porque los operadores de justicia temen las consecuencias. Además de naturalización, es miedo, es supervivencia, porque no hay protección a las autoridades”, indicó Martens.
