Mediante su cuenta de Twitter, el ministro Arnaldo Giuzzio, quien preside la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras (CESC), señaló que el informe concluido sobre la adquisición de insumos médicos develó varias irregularidades.
Centrándose en siete puntos específicos, Giuzzio anunció que la recomendación del equipo de control es anular parte de los 32 llamados a licitación realizados en el marco de la emergencia Covid-19.
En contacto con radio Monumental 1080 AM, detalló que son un total de 14 los llamados que sugieren que sean anulados o retrotraidos en etapa de evaluación.
En ese sentido, puntualizó que los demás 18 llamados ya están con contratos firmados y ya nada puede hacerse desde la perspectiva de la Comisión. Apuntando a que tendrán los mismos finales que Imedic SA y Eurotec SA.
“Encontramos irregularidades que no pueden ser aceptadas porque afectaría al proceso y son irregularidades muy parecidas a las que se habían detectado en el caso de Imedic”, señaló.
Entre los puntos citó la inconsistencia en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo Comité.
Tal como había ocurrido en la compra de ambas firmas mencionadas anteriormente, la secuencia de firmas del contrato y la del acta de evaluación sufren de inconsistencias.
“Ante esta situación, lo más razonable es que se haga un nuevo llamado”, enfatizó Giuzzio.
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También mencionó el incumplimiento de condiciones legales y técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, la falta de criterio para la fijación de precios referenciales, dictámenes sin fundamento técnico.
En uno de los puntos, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) indicó que en algunos de los casos no corresponde el uso del concepto de Urgencia Impostergable, ni el código Covid-19 por no ajustarse a la esencia de ambos.
“La declaración de urgencia impostergable para la adquisición de insumos o equipos en aras de hacer frente a la pandemia no puede ser excusa para una implementación irregular de procesos de compra, ni utilizarse para tapar acciones negligentes en nombre de la salud”, señaló.
Giuzzio aclaró que el dictamen emitido por la comisión especial no es vinculante, por lo que la decisión sobre el destino final de los contratos está en manos del ministro de Salud, Julio Mazzoleni.
Esta comisión tiene por objetivo supervisar, controlar y hacer el seguimiento de los procesos de compras de insumos y servicios necesarios para la contención de la pandemia del Covid-19 del Ministerio de Salud Pública y otras instituciones del Estado.
