La teniente Carmen Quinteros fue notificada sobre la ratificación de la sentencia en su contra, resuelta por la Corte Suprema de Justicia el pasado 26 de marzo. La medida en primera instancia fue impuesta por la Suprema Corte de la Justicia Militar, en el año 2017.
La militar deberá cumplir 45 días de arresto, como castigo, luego de haber accionado judicialmente para cumplir con el periodo de lactancia de su hijo.
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La defensa de Quinteros ya fue notificada el pasado lunes, pero el documento recién fue dado a conocer este miércoles por los abogados, quienes informaron que la teniente decidió ya no presentar ninguna acción al respecto.
Sobre el punto, los abogados explicaron que la militar podría haber planteado un recurso de prescripción por morosidad judicial, basados en el Código Penal Militar, o solicitar una aclaratoria.
El letrado Carlos Mendoza refirió que la sentencia quedará firme en un plazo de tres días, para posteriormente ejecutoriarse y luego será notificada a la Suprema Corte de la Justicia Militar, que deberá dictar el cumplimiento.
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En ese sentido, señaló que el tema tendrá que pasar por la cadena de mandos en el ámbito militar y que el tiempo para que empiece a cumplirse la sentencia puede darse dentro de unos 15 días aproximadamente.
Así también, explicó que la orden habla de un arresto domiciliario en la villa militar de Luque, en el predio de las Fuerzas Armadas, donde anteriormente la teniente vivía junto con su marido.
No obstante, indicó que Quinteros ahora se encuentra cumpliendo funciones como marina en la Armada Paraguaya, por lo que tendrá que cumplir la sentencia dentro de la unidad donde reside.
La militar había accionado contra la Armada Paraguaya cuando le negaron ser exonerada de las largas guardias de 24 horas y su traslado a otra dependencia militar. En su defensa, la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Alejandra Peralta, había argumentado que la madre solo buscaba una posibilidad real de amamantar a su pequeño.
Lactancia materna
El caso de Carmen Quinteros salió a la luz en 2017, dos años después de haberse promulgado la Ley de Lactancia Materna, y de hecho, basándose en la normativa, pidió a sus superiores algunas consideraciones para cumplir con el periodo de lactancia de su hijo.
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La legislación establece una etapa complementaria que va desde los seis meses hasta los dos años de edad del niño, y para ello dispone consideraciones en los horarios de trabajo y la habilitación de salas para amamantar o extraer la leche para su posterior refrigeración.
En caso de incumplimiento de la normativa, las trabajadoras deben realizar sus denuncias al Ministerio del Trabajo.
Con base en esto, el Ministerio de Defensa –que administra las Fuerzas Armadas de la Nación– fue una de las primeras instituciones en modificar su reglamento interno y adecuar parte de su infraestructura para salas de lactancia.
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De la misma manera, pidieron garantías para Quinteros varios grupos civiles, oenegés y hasta instituciones públicas, como el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), Ministerio de la Mujer, el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Paraguay. Incluso, legisladoras de ambas cámaras del Congreso Nacional.
La directora de DDHH de la Fiscalía General del Estado aseguró en su momento, que el caso de la uniformada podría generar una responsabilidad internacional para el Estado paraguayo, si es que recurriera a otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y en cuanto al Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se desentendió del asunto. Por su parte, el vicepresidente, Hugo Velázquez, junto a tres senadoras impulsaron un proyecto de protección de mujeres militares en embarazo o lactancia.
En una publicación anterior se informaba por error que la militar pasaría el Día de la Madre bajo arresto. El abogado Carlos Mendoza aclaró que no hay fecha para la ejecución de la sanción.
