La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo lugar al desistimiento realizado por el actual fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, de la acción presentada por su antecesora Sandra Quiñónez para evitar ser auditada por la Contraloría General de la República, según informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El 28 de marzo pasado, el nuevo titular del Ministerio Público se presentó personalmente ante la secretaría de la Sala Constitucional, a fin de llevar un escrito de desistimiento de la demanda planteada por Quiñónez.
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Rolón había prometido que abriría las puertas de la institución para que la Contraloría General de la República pudiese auditar la gestión de los últimos años, a diferencia de Sandra Quiñónez, quien planteó una la acción de inconstitucionalidad en el 2019.
En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia dispuso la suspensión de la Ley 2248/03, que modifica el artículo 30 del Código de Organización Judicial, en febrero del 2019, con lo que la Fiscalía rindió cuentas solo ante el Tribunal de Cuentas, basándose en una ley anterior a la Carta Magna, es decir, la Ley 879/1981, Código de Organización Judicial.
El caso es que no solo Quiñónez se basó en esta ley anterior a la Constitución Nacional, sino que también otras instituciones.
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De hecho, un grupo de seis auditores ya se instaló el mes pasado en la Fiscalía General para hacer la evaluación de lo que dejó la gestión de la ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, quien salió del Ministerio Público el pasado 9 de marzo, luego de cinco años bastante criticados. El tiempo estimado de trabajo es de tres meses.
Al asumir, el fiscal general del Estado comenzó por dejar sin efecto los nombramientos y nuevos contratos realizados a las apuradas por Quiñónez antes de abandonar el cargo, asignando a más de 400 personas.
También comprobó que los fiscales adjuntos que representaban a varias circunscripciones del país, entre ellos los del interior, en realidad hacían oficina en Asunción, y decidió reorganizar las funciones.
Se encargó de las causas emblemáticas que llevaban años dormidas, y las reasignó, como las denuncias contra Cartes, el caso Messer y otros. Recientemente, el Ministerio Público imputó al diputado Erico Galeano por vínculos en el operativo A Ultranza.
