El titular de la Contraloría General del Estado (CGR), Camilo Benítez, anunció este lunes que la institución a su cargo se encuentra terminando una lista de más de 1.200 altos funcionarios de los tres poderes del Estado que será enviada a la Fiscalía para investigarlos. Dijo que algunos casos son por presunto enriquecimiento ilícito y otros por declaración falsa.
Benítez explicó a través de Monumental 1080 AM que dichos controles se iniciaron tras un pedido que recibieron por parte de la Cámara de Senadores, así como en ese marco ya se entregó al Ministerio Público los informes con respecto a varios ministros del actual Gobierno.
“Comenzamos por el Poder Ejecutivo, habíamos enviado al Ministerio Público sobre cinco a seis ministros del actual Gobierno, algunos por enriquecimiento ilícito y otros por declaración falsa. Eso fue lo que hicimos para cumplir con el pedido, pero estamos continuando”, sostuvo.
Explicó que también existe otro pedido para auditar las cuentas de comisarios que operan en la frontera, que sería una iniciativa del criminólogo Juan Martens, quien había destacado que el objetivo principal era colaborar en la lucha contra el crimen organizado.
Limitaciones
El contralor aseguró que en los últimos años aumentaron en la cantidad de exámenes de correspondencia que se realizan por año, ya que anteriormente se hacía solo hasta 15, mientras que ahora llegan a cerca de 200.
No obstante, aclaró que el número aún es poco, ya que por año deberían llegar por lo menos a 1.500 exámenes para dar cumplimiento a lo que establece la Carta Magna, pero dijo que para esto requieren de modificaciones en el sistema.
“Tenemos limitaciones. Si pudiésemos tener acceso a los datos oficiales de forma inmediata, podríamos desarrollar un algoritmo que te hace el cálculo de ingreso o salario versus egreso, que es el pago de IVA, y hacer un comparativo del crecimiento patrimonial, vamos a poder sacar muchísimos exámenes por año. Tenemos récords en envíos (al Ministerio Público), pero no podemos mentir, no estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución Nacional”, reconoció.
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Señaló que de cada 100 exámenes que se hacen, aproximadamente en el 15 al 20% se detectan enriquecimientos injustificados, mientras que el porcentaje de declaración falsa es muy superior.
En ese sentido, Benítez detalló que en los últimos tres años la CGR detectó un aumento considerable en cambios en las declaraciones, que son más de 2.000 por año, pero aseguró que todas las rectificaciones son alertadas por el sistema y son enviadas a la Fiscalía, pese a que no siempre terminan en una investigación.
“La Constitución Nacional pena ambas conductas, pena el dolo y la culpa, entonces no tenemos otra alternativa más que remitir al Ministerio Público, pero vemos que la Fiscalía tuvo criterios dispares en años anteriores. Imputaron por declaración falsa y muchos casos que fueron remitidos no fueron investigados”, aseveró.
Camilo Benítez se refirió también sobre la nueva propuesta del nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander Dans, quien sugirió que los funcionarios judiciales, incluyendo a jueces, fiscales y defensores, no sean reconfirmados en sus cargos si existen inconsistencias en sus exámenes de correspondencia.
Señaló que considera una iniciativa positiva para la transparencia en el Poder Judicial y que ayudará a mejorar el servicio de la Corte Suprema.
Auditoría a Fiscalía
El contralor habló también sobre la auditoría a la Fiscalía General del Estado que inició este mismo lunes. Sostuvo que el hecho es celebrado y que constituye un precedente para anular las acciones de inconstitucionalidad con las que más de 100 instituciones públicas evitan ser auditadas por la CGR, pese a que cada una es independiente.
Calificó la postura del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, como “algo histórico”, ya que dio vía libre a que la Contraloría audite a la Fiscalía, con lo que finalmente se podrá dar cumplimiento al mandato constitucional.
Explicó que existen dos modalidades de auditorías, una que es la financiera, donde se analiza toda la parte contable, mientras que la otra es de cumplimiento, donde se estudia el aspecto jurídico y la ejecución presupuestaria, y que ambos controles serán ejecutados en el Ministerio Público.
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Recordó también que cuando Sandra Quiñónez se postuló para fiscala general del Estado propuso abrir las puertas de la Fiscalía a los controles de la CGR y que incluso se firmó un convenio para ello.
Sin embargo, nunca se pudo hacer ese control, ya que cuando se iba a iniciar la auditoría y se pedía toda la documentación, Quiñónez respondía que todo estaba en el Tribunal de Cuentas.
“Entonces, el convenio o la voluntad de ese convenio no se pudo desarrollar en la práctica. Fuimos al Tribunal, pedimos esos documentos, pero no nos remitieron y entonces nos encontramos en el limbo, pasa con muchas instituciones que llevan sus papeles al Tribunal. Prefieren llevar ahí porque el Tribunal no tiene la capacidad técnica, los contadores ni especialistas para ese control”, argumentó.
Proyecto de ley cambiará panorama
El titular de la Contraloría General de la República resaltó que, ante este panorama de trabas, desde la institución a su cargo presentaron el anteproyecto de ley para limitar las funciones del Tribunal de Cuentas, a fin de que ya no tenga la facultad de recibir rendiciones de gastos.
El documento ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en manos de la Cámara de Senadores. El contralor resaltó que los legisladores tienen plazo hasta junio para dar sanción a la normativa y que están bastante “expectantes” de ello.
“Una vez que salga esta ley ya no habrá problema y ninguna institución va a poder remitir al Tribunal de Cuentas su rendición de cuentas o el Tribunal tendrá que enviarnos las documentaciones. El fallo de la Corte tampoco dice que la Contraloría no puede auditar, es más, dice que puede auditar y que se complementa. Lo que pasa es que en la práctica se incumple, porque ellos deberían decir que primero vayan a la Contraloría y que luego pase por el Tribunal”, finalizó.
Las instituciones presentan las acciones de inconstitucionalidad basándose en una ley anterior a la Carta Magna de 1992, es decir, la Ley 879/1981, del Código de Organización Judicial.
