Ante supuestas amenazas de hechos punibles realizadas por internos de varias penitenciarías, la Fiscalía General del Estado tomó la determinación de conformar equipos fiscales a fin de intervenir de ser necesario.
La medida fue tomada tras la circulación de videos en redes sociales y supuestos rumores de descontentos generados a raíz de la prohibición de visitas, en el marco de las restricciones para el combate contra el Covid-19.
El Ministerio Público comunicó que la labor estará coordinada por la fiscala Gilda Villalba, quien trabajará con los demás fiscales adjuntos de las diferentes áreas.
La penitenciaría de Tacumbú estará cubierta por el fiscal adjunto Jorge Sosa y los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas, Eugenio Ocampos y Juan Carlos Ruiz Díaz.
Para la penitenciaría de Emboscada fueron designados el fiscal adjunto Roberto Zacarías y los agentes fiscales de Emboscada, Gedeón Escobar y Carlos Maldonado.
El equipo que estará a cargo de la penitenciaría de San Pedro del Ycuamandyyú está encabezado por el fiscal adjunto Federico Espinoza, quien contará con el apoyo de los fiscales Fani Aguilera y Jorge Encina, de San Pedro y de Santa Rosa del Aguaray, respectivamente.
En la penitenciaría de Encarnación estará a la cabeza el fiscal adjunto Édgar Moreno, junto con los agentes fiscales de Encarnación, Enrique Díaz y María del Carmen Palazón.
En tanto en la penitenciaría de Ciudad del Este se designó al fiscal adjunto Édgar Moreno, cuyo equipo también lo conforman los fiscales de Ciudad del Este, Alcides Giménez y Cinthia Leiva.
En la penitenciaría de Coronel Oviedo estarán la fiscala adjunta Gilda Villalba y los agentes fiscales Norma Ortiz (de turno) y Fermín Segovia (delegado). En Pedro Juan Caballero, los fiscales César González, Sandra Díaz y Katia Uemura.
Para la penitenciaría de Concepción fueron confirmados los fiscales César González, María Esther Giménez y Leticia Del Puerto.
Por último, la penitenciaría de Villarrica será controlada por los fiscales Celso Sanabria, Carlos Alvarenga y Agustina Unger.
Emergencia penitenciaria
En setiembre del año pasado fue decretada la emergencia penitenciaria mediante la Ley 6365, cuya vigencia es de un año.
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El documento, además de ampliar el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2019 para este fin, faculta al Ministerio de Justicia a la construcción de establecimientos penitenciarios con regímenes de reclusión y de máxima seguridad.
Sobre este punto, la ley asignó una ampliación de sus recursos por más de G. 13.000 millones para la agilización de los procesos que conlleven al mejoramiento del sistema penitenciario del país.
Esta ley también autoriza el apoyo y el empleo de las fuerzas públicas, policías y militares, conforme a lo establecido en el artículo 226 de la Ley 5162/2014 del Código de Ejecución Penal para la custodia y cobertura de seguridad perimetral de los establecimientos penitenciarios.
Si bien la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo se dio tras la masacre en la cárcel de San Pedro, en junio de ese año, una serie de eventos volvieron a poner en alerta a las cárceles del país.
En enero de este año se dio además la mayor fuga de miembros del Primer Comando Capital (PCC) de la cárcel de Pedro Juan Caballero. En total se contabilizaron 90 fugados de alta peligrosidad.
