El Tribunal de Apelaciones Especializado de Delitos Económicos confirmó al juez Humberto Otazú en la causa en la que el principal acusado es el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Con esto, hay vía libre para hacer la preliminar.
Higinio Ramón Acuña, uno de los procesados, recusó al juez de Delitos Económicos, alegando vinculación de este con la familia de los Zacarías Irún, enemigo político de Prieto.
Incluso, hicieron constar que el juez en un programa radial reconoció que su hijo es ahijado de la diputada Rocío Abed, esposa de Justo Zacarías Irún.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones, conformado por los camaristas Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla, explicaron que esto no puede ser tomado como motivo para apartar a un juez de una causa.
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“No surge una justificación válida para sostener la desconfianza, puesto que el vínculo admitido por el juez no se relaciona a los intervinientes en el proceso”, explicaron.
Ahora, el caso volverá al magistrado que deberá fijar una nueva fecha de audiencia preliminar.
El caso
Según la Fiscalía, Miguel Prieto lideró supuestamente un esquema creado para desviar fondos, causando un perjuicio de más de G. 306 millones.
Según el intendente, sin embargo, sí se compraron los productos y se hicieron los panes. Es más, apuntó hoy en día existe una planta de producción de alimentos en la Municipalidad que continúa funcionando.
En la otra causa en contra de Prieto, está pendiente de confirmarse también fecha de audiencia preliminar.
Allí, la sospecha del Ministerio Público es por supuestos desvíos a través de cestas básicas de alimentos para personas de escasos recursos en plena pandemia.
Se estima un perjuicio patrimonial que asciende a G. 2.130 millones.
