08 ene. 2026

Concejales muestran tres presuntas obras fantasmas de la Gobernación de Central

Los concejales departamentales de la Gobernación de Central Roque Ávalos y Billy Vaesken presentaron este sábado tres de las presuntas obras fantasmas, por las cuales el gobernador Hugo Javier González Alegre y otras 14 personas fueron imputados por la Fiscalía.

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La clínica móvil de la Gobernación de Central se encuentra abandonada, según mencionaron los concejales departamentales.

Foto: Captura Telefuturo.

Un asfalto por el cual se pagó la suma de G. 390 millones, una clínica móvil abandonada y el Centro Recreativo, Educativo y Cultural Torore, en el que, supuestamente, se gastaron G. 1.125 millones en el funcionamiento del desarrollo de la primera infancia, son las tres presuntas obras fantasmas.

Fueron los concejales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Roque Ávalos y Billy Vaesken, quienes presentaron las irregularidades en el programa La Lupa , emitido por Telefuturo.

El concejal Roque Ávalos describe que el asfalto está catalogado por la Fiscalía como “una de las obras fantasmas” presentada en la rendición de cuentas de USD 1 millón de los fondos de emergencia por la pandemia del Covid-19 que recibió la Gobernación de Central.

Explicó que la regularización asfáltica, supuestamente, se hizo después del 3 de febrero de 2020, cuando se recibieron los fondos de USD 1 millón; sin embargo, se constató que en abril de ese año había empedrado. El concejal departamental comentó que en la última rendición de cuentas del gobernador Hugo Javier, se informó sobre el monto de G. 390 millones por el asfaltado.

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“Esto tiene unos 2.300 metros. Eso sería, aproximadamente, en precio mercado G. 175 millones más o menos, esa es la realidad. Cuando miramos Google, el 20 de octubre de 2020 ya se ve este asfalto que ya estaba hecho, no hay forma de refutar”, expresó.

Empotrar

Por su parte, el concejal Billy Vaesken mostró la clínica móvil, ubicada en el patio de la Gobernación, que está parada desde hace un año y ocho meses. Explicó que en el balance de Hugo Javier del 2020 aparece que se usaron más de G. 2.000 millones, prácticamente el 100% en el rubro de combustible.

“Figura prácticamente que esta clínica móvil, en época de pandemia, trabajó los 365 días del año, las 24 horas; esta es la muestra palpable de que hace un año y ocho meses la clínica móvil de la Gobernación de Central está en ruinas. Queríamos mostrar esto y también alarmar a los entes de control para tomar cartas en el asunto, esta gente que administró la Gobernación del Departamento Central, prácticamente, desfalcó los recursos de los centralinos ", agregó.

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Vaesken describe que también figura como ejecución en un 100% el Centro Recreativo, Educativo y Cultural Torore, que es un centro para primera infancia y recordó que en el 2020 ningún alumno fue a la escuela de manera presencial, menos los infantes, debido a la pandemia del Covid-19.

Manifestó que, según el balance, se gastaron G. 1.125 millones en el funcionamiento del centro para el desarrollo de la primera infancia.

“Hasta la fecha está totalmente cerrado, pero en los papeles del balance de Hugo Javier figura que se ejecutaron el 100% de los recursos, que son G. 1.125 millones”, expresó.

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Por último, cree que se va a dar la intervención de la Gobernación de Central y pide a la Cámara de Diputados que “con celeridad se proceda a la intervención”.

“Aparentemente Hugo Javier y su equipo político, su equipo de Gabinete, no tienen la intención, la autoestima y la ética de renunciar ante este hecho tan calamitoso, llamamos a la conciencia, a la sensibilidad de los señores diputados para que pueda salir rápido la intervención ", sostuvo.

El caso

El Ministerio Público, representado por el fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó al gobernador de Central, Hugo Javier, y a 14 personas más por los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por las obras fantasmas de la Gobernación.

El proceso fue abierto tras varios meses de realizar la denuncia presentada por los concejales departamentales, en junio del 2021, y salió a la luz tras la publicación de la rendición de cuentas de la Gobernación sobre los fondos Covid-19.

Tras realizar esta primera denuncia, el 8 de julio, la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentaron una denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en la rendición de cuentas de la administración de Hugo Javier.

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