El material recuperado y desgrabado de un circuito cerrado que había sido borrado, revela datos claves sobre el entorno del presunto autor del feminicidio de María Fernanda (17). Las imágenes corresponden a la madrugada del sábado 31 de mayo de 2025, día en que el cuerpo de la joven fue encontrado en un baldío contiguo a la vivienda del adolescente que es sindicado como supuesto victimario.
En los registros se observa al presunto autor llegando en una camioneta, perteneciente al suegro y conducido por el mismo, acompañado además de sus padres, en otro vehículo, de color rojo.
En el rodado del suegro transportaban la motocicleta buscada por la Policía Nacional en su momento y también al adolescente involucrado.
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Las cámaras muestran cómo el supuesto autor del crimen de María Fernanda es ocultado junto con el biciclo en el local, que es propiedad del suegro.
Todo esto ocurría en paralelo a la denuncia formal de desaparición presentada por los padres del adolescente, quienes afirmaban no saber nada del paradero de su hijo. Incluso, visitaron a los familiares de la víctima fatal, manifestando supuesta preocupación por la desaparición, cuando en realidad lo estaban ayudando a ocultarse y a esconder evidencias vinculadas al crimen.
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Esa misma noche fue hallado en un terreno baldío, ubicado en las inmediaciones de la vivienda del presunto autor, el cuerpo calcinado de María Fernanda Benítez, que tenía 17 años y estaba embarazada.
Según investigadores del caso, el material sostendrá la hipótesis iniciales de la Fiscalía sobre el desarrollo del crimen, que comprometería más al suegro y a los padres del adolescente recluido en la cárcel de menores de Villarrica, en el Departamento de Guairá. Todos ellos fueron imputados en el marco de la investigación.
Fiscal con apoyo institucional
El fiscal Fermín Segovia, principal investigador del caso, salió al paso de un supuesto plan de los familiares del principal sospechoso para apartarlo del caso.
“Las partes, hay que reconocer, tienen su estrategia, como apartar a ciertos agentes fiscales. Es un trámite normal. Tenemos apoyo institucional, el propio fiscal general ha ratificado mi intervención luego de dos recusaciones”, explicó el fiscal en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
El agente del Ministerio Público ya había sido recusado en julio de 2025 por supuestas irregularidades en uno de los allanamientos del caso.
La diligencia se llevó a cabo a comienzos de junio en busca de evidencias en el marco de la investigación penal, y allí supuestamente se registró la tortura.
La fiscala Gloria Rojas, que formaba parte del equipo investigador, fue apartada luego de la difusión de audios en la que se la escucha conversando con Franco Acosta, uno de los imputados.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) dejó sin fueros e inició proceso a la agente del Ministerio Público, quien había sido imputada por cohecho pasivo agravado tras, supuestamente, haber solicitado dinero al abogado de uno de los procesados.
Rojas había reemplazado a su colega Gladys Torales Ovelar, quien fue la primera en ser apartada del caso por supuestos vínculos con el principal sospechoso del crimen.
