La inhibición general de gravar y vender bienes muebles e inmuebles del gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre y los demás coprocesados, fue decretada ayer por el juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás.
El fiscal Rodrigo Estigarribia complementó su imputación y solicitó al magistrado la citada medida cautelar, a más de la prohibición de innovar y contratar de todos los procesados.
Esto, según señala en su pedido, para evitar que los imputados puedan transferir sus bienes para ocultar sus orígenes, aunque son medidas preventivas.
El juez Delmás analizó la solicitud del representante del Ministerio Público, con relación a los procesados, y entiende que al ser medidas preventivas de carácter real, sí pueden ser aplicadas sin la presencia de los procesados.
De esta manera, admitió la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, por lo que dispuso la inscripción de la misma en la Dirección General de los Registros Públicos y en la Dirección del Registro de Automotores.
MEDIDA CAUTELAR. La resolución afecta, además del gobernador de Central, Hugo Javier González, a Javier Marcelo Rojas, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Paulino de los Santos Palacios Recalde; Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria; Lourde Verónica Lezcano Decoud, Armando Adolfo Soler Espínola y Luis Eduardo Allende Araújo.
Tienen la misma medida cautelar, Édgar José Zaracho Quintana, Guido Rolando Portillo Torres, Modesta Valiente Escobar, José Félix Grau Fernández, Óscar Morel Oses, Óscar Laureano Gaete Gómez y Adalberto Benítez Aguilera.
Sin embargo, no se solicitó el embargo de las cuentas bancarias de los procesados, sino que solo se da con respecto a los inmuebles y bienes muebles registrales, que son vehículos, motocicletas, embarcaciones y aviones.
La medida ya fue remitida vía oficio en formato papel a las entidades, teniendo en cuenta que no se recibe en forma electrónica por la intervención.
En el caso, se les imputó porque el gobernador supuestamente habría autorizado por medio de dos resoluciones, desembolsos de dinero para ejecución de obras, a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional, con financiamientos para la emergencia sanitaria, sin tener a la vista proyectos concretos. El monto del supuesto perjuicio es por más de 5 mil millones de guaraníes.