Entre las propuestas presentadas, el senador Rafael Filizzola señaló la solicitud de un informe al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) acerca de los docentes indígenas y comentó el caso de un profesor que al comprar una cama en 12 cuotas de G. 127.000 ya pagó G. 60 millones porque le agregaron otros electrodomésticos que nunca recibió. “Ellos están en el Chaco y para ellos es muy difícil venir acá”, añadió.
En ese sentido, mencionó que se solicitará un relevamiento para conocer qué es lo que se descuenta y bajo qué concepto, para luego pasar esa información al Ministerio de la Defensa Pública.
La comisión inició su sesión a las 09:00 de este miércoles, contó con la presidencia de Rafael Filizzola y estuvo integrado por los legisladores Mario Varela, Carlos Núñez, Ignacio Iramain, Esperanza Martínez, Lizarella Valiente, Blanca Ovelar, José Oviedo y Edgar López.
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Por su parte, la senadora Blanca Ovelar aludió a los abogados al señalar que estos deben pensar cómo van a lograr que la Corte Suprema de Justicia tome medidas y habló de una acordada.
“Ellos hacen acordadas cuando les interesa”, aseguró y citó un ejemplo en el que se realizó una acordada de no titular las tierras rurales sin mensura judicial, lo que frenó la titulación de campesinos que pagan sus tierras y al terminar de hacer sus pagos deben pagar un adicional de G. 12 millones para que un abogado les haga la mensura “porque la Corte quitó una acordada de que no hay título si no hay mensura”, señaló Ovelar.
El senador Mario Varela manifestó que se debe tener en cuenta la institucionalización y, por lo tanto, solicitar vía comisión el adelantamiento de las posibles propuestas de la Corte, sea una acordada o de carácter legislativo. “No hay tiempo que perder”, manifestó.
La senadora Esperanza Martínez comentó que el próximo lunes los Ministros de la Corte estarán en la mesa directiva y, por lo tanto, los integrantes deberían traer los puntos que se quieren tratar. “Si es que tenemos a los ministros de la Corte acá, uno de los temas ya debería ser el de los pagarés”, expresó.
A su turno, el senador Ignacio Iramain señaló que el caso es urgente, que se analizaron varios casos y que una de las primeras medidas es “ir a la Corte o traer a la Corte” de manera inmediata a los efectos de tomar las acciones pertinentes. “Se está postergando con excusas y a estas alturas (los afectados) no merecen este tipo de pretexto absolutamente irracional”, dijo.
En otro momento, el senador Filizzola explicó que ya se hicieron reuniones informales con fiscales que trabajan en la comisión de Derechos Humanos, el Ministerio de la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo, y la intención de la comisión es formalizar y canalizar todo el relacionamiento con esas instituciones.
“Con la Corte Suprema de Justicia yo creo que podríamos hablar ya antes con el presidente, para ver si podemos tener una reunión especial sobre el tema”, comentó a la par de mencionar que la Corte posee información importante recabada con auditorias, porque los juzgados fueron auditados.
“Sé que están estudiando formas, no solo para solucionar lo urgente, que estos procesos fraudulentos paren, sino también a futuro, para que los pagarés que ya son cobrados sean sacados de circulación”, manifestó.
En una especie de síntesis, explicó que los legisladores no pueden inmiscuirse en procesos judiciales a raíz de las disposiciones constitucionales, pero tiene a su alcance establecer vínculos entre víctimas y abogados, y realizar un estudio de las causas del problema y a partir de eso estudiar iniciativas legislativas para enfrentar el problema de los pagarés.
“Vamos a ver qué plantea la Corte, vía acordada, pero si no es suficiente una acordada vamos a tener que revisar la legislación”, expresó.
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Como solución, la senadora Ovelar planteó la trazabilidad de los pagarés a través de un sistema alfanumérico para rastrear esos documentos e incluso planteó presentar una ley al respecto. “Si eso existe va a ser muy difícil o casi imposible que se haga trampa”, comentó.
El senador José Oviedo citó un proyecto de ley de registro de pagarés que proviene de Cámara de Diputados y que servirá como una intermediación entre víctimas e instituciones.
Esperanza Martínez citó esa ley y mencionó que debe tenerse en cuenta no solamente el registro y la trazabilidad, sino que cada pagaré esté diseñado para que a medida que la gente pague el recibo especifique a qué cuota corresponde.
“De tal manera a que los pagos amorticen el pagaré, que es el modus operandi de esto, vos pagás una cuota, pero nunca te vinculan con el pagaré”, explicó.
Asimismo, propuso que las entidades financieras o empresas que emitan los créditos especifiquen a qué cuota corresponde el pago hecho.
La senadora alertó sobre la venta masiva de pagarés de entidades que se crean “para el lavado de dinero”, y ejemplificó que una financiera tiene deudas sin cobrar o hizo préstamos dudosos y al tener problemas financieros venden a otra financiera las deudas, esta a otra entidad y así sucesivamente.
“Tiene que estar en el proceso de fusión de bancos y financieras cuáles son los activos en términos de cuentas que son transferidas; con nombre, apellido, con registro, etc.”, comentó.
Igualmente, aludió a leyes que protegen a los jubilados sobre la prohibición de embargar sus salarios y que esta no alcanza a la totalidad, por lo que debería de plantearse una ley que abarque a todos los jubilados.
Igualmente, que se logre suspender los cobros que ya están judicializados, porque existe una carpeta abierta y no tienen por qué proseguir. “Lo que van a hacer es esconderse en la lentitud de Poder Judicial, entonces van a seguir cobrando”, explicó.
Por su parte, la senadora Ovelar citó la resolución 95/2005 que había establecido cuando era titular del MEC, y que establecía que para los descuentos por compras, la empresa que va a descontar debe ser legal, tener su tributo al día, un recibo legal enviado a la Asociación de Educadores del ministerio y una autorización del propio maestro que recibirá el descuento.
“Al hacer eso, todas esas financieras de portafolio que operan con el magisterio no tenían como cumplir esa resolución y esas financieras dieron importantes estímulos a los líderes y me hicieron una huelga”, recordó.
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En ese sentido, señaló que no se debe olvidar al intermediario entre la entidad financiera y las víctimas.
“¿Quién vende? El que vende no tiene un contacto directo con el que compra, hay alguien que hace esa transacción, el que facilita, esos son actores que están ocultos en esta historia”, acotó.
La próxima reunión fijada será el lunes al mediodía.
