Cerca del 80% de los primeros 30 postulantes a la Defensoría del Pueblo están afiliados al Partido Colorado, incluyendo a la adjunta Natalia Sosa Flores, quien no pidió la suspensión de su estatus partidario cuando asumió en el 2023, a pesar de que la Ley 631 la obliga.
“Todo funcionario, cualquiera sea su rango, está obligado a cumplir la ley. Y en el caso de quienes ocupan organismos que deben garantizar derechos y controlar al poder público, el estándar debería ser todavía mayor”, dijo al respecto el senador Rafael Filizzola (PDP).
A su criterio, lo preocupante es que esta obligación no se cumplió en varias instituciones durante mucho tiempo. Mencionó el caso de magistrados que estaban afiliados y que además participaban en las internas partidarias de la ANR sin ninguna consecuencia.
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Recordó que recién a partir de 2022, cuando el entonces senador Pedro Santa Cruz impulsó que el Consejo de la Magistratura exigiera acreditar la suspensión de la afiliación, comenzó a existir un mecanismo más concreto de control.
Filizzola, quien además es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, considera que la Defensoría del Pueblo debe ser una institución independiente de los partidos políticos. Más allá de la Constitución Nacional o la ley, cree que debe existir una conducta compatible con dicha autonomía, así como los mecanismos efectivos para garantizarla.
El senador considera que este fenómeno responde a una combinación de factores: “La persistencia de prácticas de afiliación y dependencia partidaria en el Estado, la concentración del poder político y, naturalmente, el cálculo individual de quienes entienden que sus posibilidades de acceder a determinados cargos son mayores si pertenecen al partido que controla el gobierno”.
En ese sentido, indicó que existe la percepción de que el Estado paraguayo se convirtió en un espacio donde la pertenencia política funciona como una condición de acceso y permanencia.
“Hoy existe una concentración política muy fuerte. Se ha extendido a instituciones que constitucionalmente deberían tener autonomía y contrapesos, incluidos organismos extrapoderes. Y eso transmite un mensaje muy peligroso: que para acceder a determinadas posiciones no alcanza con la idoneidad (ser guapitos), la trayectoria o el compromiso institucional. Hay que ser cartista”, cuestionó.
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A su vez, el diputado Raúl Benítez (independiente) coincide en que la afiliación de la defensora adjunta y los demás candidatos responden más a una presión de quienes manejan hoy el poder que a una voluntad individual.
“El cartismo es muy parecido al stronismo; el cartismo, en la práctica, es idéntico al stronismo realmente. O sos colorado o no sos nadie, o sos colorado o no accedés a servicios básicos, sos cartista o te excluimos de absolutamente todo y no podés acceder a nada. Esa es la regla que se tiene como axioma del oficialismo”.
Advierte que esa presión es ejercida tanto para quienes aspiran a un cargo como para quienes ya lo tienen actualmente.
“O sea, los que están hoy, los que ya estaban desde antes, tanto funcionarios públicos, como gente que concursa, básicamente hoy están obligados a someterse al poder político de este grupo”, señaló.
La convocatoria para la Defensoría del Pueblo cerró este lunes y de acuerdo con la última actualización se presentaron 49 candidatos, entre ellos el titular actual Rafael Ávila Macke y la adjunta Natalia Sosa, quienes buscan mantenerse en sus cargos.
La Cámara de Senadores debe seleccionar a los postulantes que conformarán la terna, la cual presentará a la Cámara de Diputados, cuyos legisladores deben designar mediante una mayoría absoluta.
