17 abr. 2024

Codehupy teme medidas del JEM contra jueza que favoreció a indígenas

Codehupy expresó su preocupación sobre el caso de la jueza Eresmilda Román Paiva, que será tratado este martes por el JEM. La magistrada anuló en 2015 la acción de un empresario brasileño sobre tierras que reclamaba una comunidad indígena.

comunidad indígena Paso Cadena de Itakyry.jpg

Foto: Codehupy.

Foto: Archivo ÚH

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) se pronunció sobre el tema que afecta a la jueza Eresmilda Román Paiva y que será tratado este martes, a las 13:30, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La organización teme que desemboque en un posible nuevo atropello a los derechos indígenas, ya que la magistrada favoreció a la comunidad indígena Paso Cadena, del Pueblo Avá Guaraní, situada en la zona de Itakyry, del Departamento de Alto Paraná.

Advirtieron que el caso coincidentemente será tratado en vísperas del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas.

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“Hemos alertado al propio JEM, así como a la Relatoría Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU del peligroso antecedente que puede constituir este caso para la independencia de los jueces”, señaló Codehupy en un comunicado emitido esta jornada.

La magistrada en cuestión anuló una acción en 2015 respecto a un contrato de aparcería promovido por el empresario brasileño João Romeu Meurer con el entonces líder de la comunidad.

Ante el fallo contra el demandante, la defensa del mismo, representado por el abogado Nelson Mora, denunció ante la jueza, lo cual se tratará esta fecha.

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Codehupy consideró que Eresmilda Román Paiva obró acorde a la Constitución Nacional establece en su artículo 64, que la propiedad comunitaria de un pueblo indígena está fuera del comercio.

“Pues los contratos de aparcería son en el fondo contratos simulados de arrendamiento, que además se dan sin requisitos que puedan ser tomados como consentimiento libre por las condiciones de asimetría entre las partes”, sostuvo.

En este marco expresó su apoyo a la magistrada e instó a la revisión de la denuncia y a ceñirse a lo que establecen las leyes, proteger los intereses de las comunidades indígenas y también los intereses del Estado paraguayo de intereses particulares que podrían desencadenar consecuencias internacionales.

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