La anulación de un contrato basándose en un principio constitucional que prohíbe el alquiler de las tierras del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y sus derivaciones le costó el enjuiciamiento a la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva.
El afectado, João Romeu Meurer, patrocinado por el ex contralor Nelson Mora, pidió su remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones, porque supuestamente causó serios daños al sistema, con su resolución.
Se trata de un caso registrado en el año 2015 en la comunidad Paso Cadena del distrito de Itakyry, cuando un cacique identificado como Gabino Vera Benítez, recurrió con un juicio de amparo constitucional contra brasiguayos que supuestamente amenazaban con entrar en forma violenta a la comunidad para cosechar los frutos de la soja, cuya propiedad reclamaba.
En ese contexto, la jueza otorgó una medida cautelar de prohibición de innovar contra terceros y autorizó la cosecha de unas 1.780 toneladas de soja, que fueron depositadas en un silo. Una vez admitido el amparo se presentó Romeu Meurer, afirmando que la soja reclamada por los nativos había sido cultivada por él, con la presentación de un contrato de aparcería a cambio de dinero, firmado con los miembros de la comunidad indígena.
La jueza terminó anulando el contrato, debido a que por ley las tierras de los indígenas no se podían arrendar, al rechazar la excepción de prescripción deducida por Romeu Meurer, con costas, además de resolver hacer lugar al amparo constitucional, manteniendo la medida cautelar vigente, que era de la cosecha de la soja por parte del líder Gabino Vera Benítez, y apercibió a los abogados del sojero, según los antecedentes.
La denuncia contra la magistrada fue presentada el 6 de julio del año 2020, luego de que su resolución fuera revocada en segunda instancia y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazara dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por el abogado Esteban Gómez Armoa y el Instituto Paraguayo del Indígena, a favor de los nativos. El abogado Nelson Mora urgió al Jurado el tratamiento en enero pasado y ayer por unanimidad los miembros resolvieron iniciar el enjuiciamiento de la magistrada Eresmilda Román.
ACUSACIÓN. Romeu Meurer, con patrocinio del abogado Nelson Mora, señala que la magistrada incurrió en mal desempeño en sus funciones, al demostrar parcialidad manifiesta y desconocimiento de la ley, al haber anulado el contrato de aparecería en un juicio de amparo constitucional, ya que para determinar la validez de un acto jurídico existen otros recursos judiciales.
También señala que hubo errores como no haber señalado el silo donde debía ser destinado la soja, ni haber nombrado un responsable por su conservación o la venta para su depósito judicial del monto, hasta la culminación del juicio, como argumento de su demanda. Para el sojero, en el juicio de amparo no se discute el derecho de las partes, sino únicamente se debe tratar la lesión existente o el peligro inminente.
ILEGÍTIMO. “Anulé el contrato al ver que era ilegítimo desde su nacimiento. Estaba contra la ley, ya que las tierras de los indígenas no podían ser arrendadas. Tengo entendido que cuando se estaba por cosechar la soja se cambió de cacique y el nuevo prohibió que se siga cultivando. Ordené que se coseche todo y deposite en un silo los granos hasta tanto se resuelva la cosa”, afirmó la jueza al referirse sobre el caso.
“Mi sentencia fue estudiada y premiada por la sociedad. Forma parte de una revista jurídica y del Centro de Investigaciones Políticas y Sociales de la Corte. Está prohibido constitucionalmente y por tratado internacional el alquiler de sus tierras. Remití copias al Poder Ejecutivo, el Ministerio Público para que se haga cargo el Estado, muchas comunidades están en la misma situación y al final no se tiene eco”.
