El comunicado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (codehupy) surge en respuesta a la denuncia por mal desempeño presentada por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), contra los integrantes de la Sala Penal que revocó la condena a los campesinos condenados por el caso Curuguaty.
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La denuncia presentada es contra los camaristas Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, quienes integraron la Sala Penal y dieron a conocer el fallo el pasado 26 de julio.
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Codehupy afirma que la falta de una investigación adecuada privó al país de conocer lo que en realidad ocurrió durante la Masacre de Curuguaty, privando a la sociedad del derecho a la verdad.
Para el organismo que defiende los derechos humanos, el actuar de la Fiscalía General –con respecto a la denuncia ante el JEM– es una represalia contra los magistrados y se convierte en “instrumentación de procesos judiciales con fines de persecución política”.
“La Codehupy considera que la sentencia de nulidad y absolución de los campesinos y campesinas de Curuguaty, al ser de la máxima instancia judicial, es ya materia intangible que debe de ser respetada y acatada, y los jueces que valientemente la pronunciaron, reconocidos y valorados por honrar la judicatura, por reparar los derechos conculcados y por señalar que el poder punitivo del Estado en una democracia está subordinado en todo momento al debido proceso y no a las pretensiones ilegítimas de la fiscalía y el poder político”, expresa el comunicado.
Anularon la condena
La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías, en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras el tiroteo murieron 17 personas: 11 campesinos y seis policías.
El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados está conformado por dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados.
Es un órgano establecido por la Constitución Nacional para juzgar el desempeño de los magistrados del Poder Judicial, los fiscales y los defensores públicos. En este sentido, tiene la potestad de suspender o destituir a estas autoridades.
