La denuncia presentada es contra los camaristas Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez, quienes integraron la Sala Penal que el pasado 26 de julio revocó la sentencia a los campesinos condenados por la Masacre de Curuguaty.
La nota fue entregada este lunes por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, en representación del Ministerio Público. La denuncia es por mal desempeño de funciones.
Luego de darse a conocer la absolución de los campesinos presos, Quiñónez advirtió que el Ministerio Público activaría “todos los resortes legales” para que el comportamiento de los magistrados no quede impune.
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Por su parte, Jalil Rachid, uno de los fiscales de la causa, dijo el domingo que está orgulloso del trabajo de la Fiscalía, que consiguió condenas de hasta 30 años de cárcel para los campesinos que estuvieron presentes durante la masacre registrada en el 2012.
Para el agente del Ministerio Púbico, la liberación de los campesinos es una “canallada jurídica”, al criticar el último fallo que dejó en libertad a tres de los labriegos que continuaban presos en Tacumbú.
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Anularon la condena
La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías, en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.
Tras el tiroteo murieron 17 personas: 11 campesinos y seis policías.
El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.
JEM
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados está conformado por dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados.
Es un órgano establecido por la Constitución Nacional para juzgar el desempeño de los magistrados del Poder Judicial, los fiscales y los defensores públicos. En este sentido, tiene la potestad de suspender o destituir a estas autoridades.
