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Jalil Rachid: Liberación de campesinos es una "canallada jurídica"

El fiscal Jalil Rachid, quien investigó la masacre de Curuguaty, aseveró este domingo que la liberación de los campesinos es una "canallada jurídica" al criticar el fallo de la Sala Penal de la Corte. El agente del Ministerio Público afirmó que los magistrados cometieron muchos errores.

Haciendo un análisis de lo que fue el fallo, la sala Penal incurrió en varios errores jurídicos procesales que no puede incurrir. Yo leí el fallo y a mi criterio personal es una canallada jurídica”, aseguró el fiscal.

Jalil Rachid habló sobre el tema este domingo en el programa Algo Anda Mal, emitido por NoticiasPy. El agente del Ministerio Público aseguró que solo un Tribunal de Sentencia puede hacer una valoración de pruebas y no la Sala Penal.

Se cree que esta gente es muy capacitada, son doctores en Derecho, pero no es así. El fallo tuvo un error que quiso ser corregido con una aclaratoria”, afirmó.

Orgulloso del trabajo fiscal

El fiscal Rachid, quien fue uno de los encargados de la causa Curuguaty, dijo estar orgulloso del desempeño y de la investigación del caso por parte del Ministerio Público.

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En esta causa en particular hubo un equipo muy grande de investigación. La causa originalmente no era mía. Yo, en concreto, te puedo decir que estoy totalmente orgulloso del trabajo que hicieron en la causa mis compañeros fiscales. Estoy orgullo de los compañeros. Estoy seguro que se trabajó bien. La causa fue llevada por fiscales de primera y se consiguió una condena”, dijo.

Anularon la condena

El pasado 26 de julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió la absolución de los campesinos condenados. La misma estuvo integrada por los camaristas Emiliano Rolón, Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez.

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La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un cuestionado procedimiento de allanamiento en una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme.

Tras el tiroteo murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.

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