En varias ciudades las personas vienen protestando en contra de la situación que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus (Covid-19), con una gran cantidad de desempleados, prohibiciones de poder trabajar para varios sectores y el cuestionado manejo de los USD 1.600 millones de la ley de emergencia sanitaria.
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A todo esto se suma ahora a la publicación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, quienes elevaron increíblemente sus patrimonios desde que ingresaron a trabajar para el Estado, especialmente los políticos.
Las cifras de enriquecimientos generaron un repudio general de la ciudadanía, que exige una seria investigación y cuestiona que las entidades encargadas no hayan hecho su trabajo o no les haya llamado la atención el escandaloso aumento de riquezas por parte de altos funcionarios del Estado.
Tanto en Asunción, Capiatá, Villa Hayes, Ciudad del Este, y otros puntos del país, las personas vienen exigiendo a las autoridades del Ministerio Público, como también otras instituciones, que realicen el trabajo de investigar a cuestionados políticos.
Sin embargo, hasta el momento ninguna institución del Estado anunció siquiera la conformación de un equipo para investigar los llamativos casos de posible corrupción pública, con incrementos de patrimonios de hasta 1.000%.
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Entre los políticos más cuestionados se encuentran el vicepresidente Hugo Velázquez, los senadores Javier Zacarías Irún, Luis Castiglioni, Enrique Baccheta, Juan Afara, Óscar Salomón, Silvio Ovelar y Blas Lanzoni, entre otras figuras como el director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, todos ellos con riquezas superiores a los G. 1.000 millones.
No obstante, haciendo un simple cálculo con una base mínima de G. 35 millones de sueldo, los senadores y diputados, como también presidentes y vicepresidentes, pueden acumular solo con sus sueldos más de G. 2.100 millones al término de sus funciones de cinco años, sin contar con gastos representación y viáticos.
Esta cifra es 15 veces más de lo que gana un trabajador en el sector privado con un salario mínimo de G. 2.192.839, que además debe cargar con los impuestos inmobiliarios y el pago de tributos, que en el año 2019 se utilizó en más del 90% para el pago de gastos rígidos, incluyendo salarios de funcionarios públicos.
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La nueva forma de manifestarse
La presidenta de la Comisión Escrache Ciudadano, Esther Roa, expresó que las protestas se realizaban desde antes de la pandemia con los escraches, pero con la aparición del coronavirus, pese al miedo de exponer sus vidas, las personas se dieron cuenta de que las autoridades “siguen robando impunemente”, por lo que se comenzó a implementar las caravanas con vehículos.
“Hoy prácticamente todo el país está haciendo caravanas contra la corrupción y la impunidad”, remarcó,
Roa dijo que desde la Comisión van a impulsar una campaña para que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, renuncie, debido a que no tiene ningún interés en combatir la corrupción y la impunidad y que el ejemplo más claro es la Unidad de Delitos Económicos que funciona en un edificio que se cae a pedazos, sin peritos, con solo 11 fiscales y sin tecnología e insumos.
“Es importante recuperar esa institución que hoy está siendo manejada por la clase política”, finalizó.
