Las estadísticas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) indican, además, que el 37,7% de los internos tiene entre 30 y 45 años, mientras que el 11,6%, entre 46 y 65 años. Por otro lado, 283 son menores de edad.
La población penitenciaria del país se divide en 14.854 hombres y 919 mujeres. Solo el 24% de los reclusos de sexo masculino y el 36% de las reclusas fueron condenados. Asimismo, el promedio de las penas es de 8,5 años.
Otro dato relevante que arroja la medición realizada por el Mecanismo de Prevención de la Tortura es que el 60% de los reos son reincidentes.
El 56,9% de la población se encuentra en cárceles de Asunción y Central, el 78,8% en Alto Paraná y el 5,7 en Amambay.
Los datos forman parte del anuario 2019 del MNP sobre las Personas Privadas de Libertad en Paraguay. Se toma en cuenta los registros de las cárceles de todo el país, al mes de diciembre.
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La institución aclara que los números son incompletos y no estandarizados, ya que existe un subregistro que no es cargado en planillas electrónicas.
Crisis penitenciaria
En junio del 2019 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura analizó las flaquezas del sistema penitenciario nacional. Esto se dio luego de una serie de motines y hechos delictivos que se dieron en el interior de algunas cárceles.
A raíz de todo lo ocurrido, el Congreso sancionó un proyecto con el que se declaró en emergencia a todos los establecimientos penitenciarios del país, que luego fue promulgado por el Poder Ejecutivo.
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El presidente del MNP, Dante Leguizamón, dijo a Última Hora en junio pasado que el abuso de la prisión preventiva, hacinamiento, condiciones de privación de libertad, acceso al agua, atención de salud, traslados arbitrarios, muertes en custodia del Estado, corrupción, malos tratos y torturas, así como la falta de oficinas, son los principales problemas del sistema penitenciario.
En una encuesta del MNP, el 51% de los presos manifestaron haber sido torturados o maltratados por policías.
En el país se registró un crecimiento exponencial de la población penitenciaria entre el periodo de 2000 y 2019; de 3.219 creció a 15.740 personas. Según el MNP, el déficit es de 11.000 plazas y, según el Ministerio de Justicia, de aproximadamente 6.200.
El estándar internacional recomienda siete metros cuadrados como mínimo para alojar a una persona privada de libertad.
