Un grupo de aproximadamente 10 personas encabezó un ruidoso escrache en la noche del jueves frente al domicilio del camarista Isidro González, uno de los jueces que otorgaron a la Fiscalía seis meses más para investigar al clan Zacarías.
Bolsas de basura, pintura negra y papel higiénico fueron utilizados para atropellar la vivienda del magistrado, quien resultó molesto ante esta acción que consideró injustificada.
Para los escrachadores, el nuevo plazo, que vence en enero del 2020, es una maniobra más para dilatar la acusación y evitar enviar a prisión al senador colorado Javier Zacarías Irún y a su esposa, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.
La causa que fue extendida es por el desvío de fondos de la Comuna esteña que debían ser utilizados para publicidad institucional.
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En ese marco se descubrió que unos G. 17.000 millones pertenecientes a la administración municipal habrían sido destinados a campañas políticas, auspicios de posicionamiento político, gastos de campaña y, en otros casos, bonificaciones o pagos extraoficiales a periodistas de varios medios de comunicación.
Al respecto, el camarista argumentó que el plazo le fue otorgado en vista de que el Ministerio Público aún tiene pendientes diligencias referentes al proceso.
Adelantó que presentará una querella por calumnia, difamación, coacción y perturbación a la paz pública en contra de los fueron hasta su vivienda a reclamarle.
“Me reservo el legítimo derecho de accionar bajo el estricto rigor de la ley, sobre los autores, morales, intelectuales, cómplices y encubridores, en salvaguarda de mi buen nombre y reputación de magistrado”, adelantó en un comunicado.
Culpó a Miguel Prieto
Pero, al parecer, el magistrado creyó inicialmente que la razón del escrache fue el caso del amparo judicial concedido a la empresa Itá Paraná por la jueza Nélida Alvarenga, sobre la concesión de la Terminal de Ómnibus de Ciudad del Este.
Sobre este caso, el Municipio había presentado un nuevo recurso de apelación, pero los camaristas laborales se inhibieron del caso y este pasó a la sala penal, de donde es miembro el juez.
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Sin embargo, la decisión fue impugnada nuevamente y quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia resolver quién atenderá el caso.
En un video difundido, González apuntó como responsable directo al jefe comunal y adelantó que tomará medidas al respecto.
“Les muestro el atrevimiento al que llegan estas personas sin ningún tipo de responsabilidad, porque nosotros no llevamos ninguna causa municipal. El amparo está en otra esfera ante la Corte Suprema porque impugnamos las excusaciones de los magistrados de alzada laboral”, explicó.
La Municipalidad había recuperado la administración de la terminal por ordenanza municipal después de 33 años que, según la Intendencia, causaba un perjuicio de USD 1 millón por año.
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La Intendencia alegó incumplimientos de la empresa en sus obligaciones y, en especial, a lo referente al mantenimiento y conservación del recinto. Posteriormente, la firma promovió un amparo y Alvarenga le devolvió la administración.
Luego de que la Municipalidad tomara la administración de la terminal, la empresa denunció al intendente y a otros funcionarios por extorsión, lesión de confianza, intervenciones peligrosas en el tránsito, violación de domicilio, daño y hurto agravado, supuestamente cometidos al ingresar a las oficinas de la empresa privada en la estación.
