CIUDAD DEL ESTE
Unas 26.000 familias de Ciudad del Este siguen esperando una solución definitiva al problema legal de los inmuebles que ocupan en la zona de la ex- Finca N°66. El conflicto arrastra más de cuatro décadas y está marcado por superposición de títulos, documentos presuntamente falsos, disputas judiciales y amenazas de desalojo.
El senador nacional Rubén Velázquez, integrante de la comisión especial del Senado que acompaña el caso, afirmó que la situación ingresó en una etapa muy importante. La mensura judicial ya fue aprobada por el Juzgado de Primera Instancia y confirmada por la Cámara de Apelaciones, por lo que la resolución quedó firme.
Ahora resta completar la verificación administrativa de los planos para posteriormente inscribir la resolución en el Registro Público. A partir de ese momento, según explicó Velázquez, la Municipalidad de Ciudad del Este podrá avanzar con la titulación de los inmuebles.
El proceso no será automático. Cada familia deberá ser analizada de manera individual porque existen diferentes situaciones jurídicas dentro de la ex finca 66. Algunos ocupantes no tienen título, otros poseen documentos que deberán ser verificados y también existen denuncias sobre superposición de títulos. “Cada casa tiene una problemática diferente a la de su vecino”, explicó Velázquez.
40 AÑOS. El senador sostuvo que la intención de la Municipalidad es entregar títulos a los ocupantes una vez que se complete el proceso administrativo. Estimó que los primeros títulos podrían comenzar a entregarse dentro de aproximadamente un año, aunque aclaró que no existe un plazo general para resolver los casos debido a la cantidad y complejidad de los expedientes. La problemática de la ex- Finca N°66 se remonta a más de 40 años. Velázquez atribuyó parte del origen del conflicto a irregularidades ocurridas durante el proceso de desprendimiento de la zona del Municipio de Hernandarias.
Según relató, durante ese periodo aparecieron títulos presuntamente falsos y personas que intentaron apropiarse de terrenos. Con el paso de los años, se multiplicaron las disputas por la propiedad y los procedimientos de desalojo. “La corrupción estuvo de por medio”, afirmó el legislador.
El conflicto también tuvo un fuerte componente político, según Velázquez, quien sostuvo que durante décadas las familias fueron utilizadas electoralmente mediante promesas y amenazas relacionadas con la posibilidad de ser desalojadas.
Miedo al desalojo. Los pobladores siguen atentos ante cualquier rumor de nuevos desalojos. Velázquez aseguró que desde la Comisión Especial del Senado se trabajó para frenar procedimientos mientras avanzaba la mensura.
No obstante, aclaró que el Poder Legislativo no puede intervenir directamente en los procesos judiciales. “Nosotros no podemos meternos en los juicios porque los juicios de desalojo son autónomos”, señaló. El senador recomendó a los moradores que tengan dudas o reciban información sobre posibles desalojos acudir a la Municipalidad y consultar con la comisión creada para acompañar los casos. La mensura también permitió delimitar con mayor precisión la extensión de la Finca 66. Velázquez reconoció que algunos sectores que anteriormente eran considerados parte de la propiedad quedaron fuera del área determinada por el trabajo técnico.
Paralelamente, propietarios que aseguran contar con títulos independientes denunciaron que el procedimiento podría afectar terrenos privados que, según sostienen, no forman parte del conflicto original.
La Municipalidad promovió la mensura de las ex-Fincas Nº 66 y Nº 13.741, correspondientes a las Fincas 29.294 y 29.295. El trabajo fue adjudicado a la firma Geocad Consultoría por un monto superior a G. 2.600 millones.
Mientras se completa la etapa administrativa, miles de familias permanecen a la espera de una respuesta definitiva. Después de décadas de incertidumbre, la mensura firme abre el camino para la regularización, pero el desafío ahora será transformar ese avance judicial en 26.000 soluciones concretas de titulación.
