Los fiscales Luis Said, Josefina Aghemo, Francisco Cabrera y Luis Piñánez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación contra Ramón Ernesto Benítez Amarilla, de 58 años, ex titular del ahora desarticulado Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), por los hechos de cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
Además, las acusaciones fueron presentadas por los mismos hechos contra Blas Roberto Cabañas, de 35 años; Óscar José Samudio Vargas, de 51 años; Alan Javier Núñez Colmán, de 31 años; Porfirio Figueredo Vázquez, de 62 años, y Luis Carlos Prudhomme, de 30 años.
La lista sigue con Carlos Alfredo Caballero Arréllaga, de 27 años; Diego González Aguilera, de 35 años; Baldomero Barrios Martínez, de 31 años; Nelson Dani Dielma, de 52 años; Alberto Fernando Andriotti Figueredo, de 46 años, y Fredy Rubén Gauto, de 57 años.
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La Dirección Nacional de Aduanas tiene como una de sus dependencias a la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) de la que dependía el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave), el que a través de su División Operativa se encargaba del control del contrabando en todo el territorio nacional.
Los acusados, siendo parte de esa dependencia, ocupaban diversos cargos y desempeñaban funciones como empleados del Estado.
Según consta en el acta de acusación del Ministerio Público, Ramón Benítez Amarilla recibía en su domicilio importantes sumas de dinero en efectivo de diversas denominaciones, haciendo uso el grupo de terminologías que pretendían camuflar sus verdaderas acciones u omisiones, como por ejemplo “expedientes, documentos, dinero”, operaciones impulsadas por los jefes de puestos de control del Detave, apostados en diversos puntos del país.
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Dicha entrega de dinero se realizaba muchas veces en su domicilio ubicado en la avenida Madame Lynch entre César Pirovano y Punta Brava, en la ciudad de Asunción.
El 5 setiembre de 2018, Benítez fue designado en el cargo de coordinador de COIA y según la Fiscalía, inmediatamente luego de asumir dicho cargo utilizó la estructura de esa Coordinación y las otras dependencias que dependían de esta, contrariamente a sus fines y objetivos, para “percibir importantes sumas de dinero, a través de algunos funcionarios encargados del proceso de control de contrabando y que formaron parte de ese esquema de corrupción”.
Estos funcionarios, supuestamente, solicitaban a las personas que ingresaban al territorio nacional en forma clandestina productos como frutihortícolas, combustibles, electrónicos, cigarrillos, calzados, ropas, azúcar y otros, sumas de dinero a cambio de no incautar o realizar la denuncia correspondiente de lo hallado.
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Las sumas de dinero variaban de acuerdo a las cantidades de los productos e incluso el tipo de producto, ya que incluso de la información recabada no se descarta que hayan permitido el ingreso de drogas y sustancias estupefacientes camuflados entre dichas mercaderías.
En el documento de la Fiscalía se señala que el esquema delictivo involucró el pedido y recepción de sumas de dinero, productos e incluso dádivas, (cosa que se da como regalo) por parte de los funcionarios de Aduanas y Policía Nacional asignados en los distintos puestos de control de la DNA, dirigidos a vehículos que transportan productos ingresados al país sin la documentación respaldatoria.
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Los vehículos pasaban por las rutas donde se hallan instalados dichos puestos de control del Detave, dependiente de la COIA, y a su vez de la Dirección Nacional de Aduanas, donde los funcionarios asignados tenían la orientación del coordinador Ramón Benítez de incluso realizar el acompañamiento desde el ingreso hasta el destino de dichos rodados.
