Los diputados que buscan enjuiciar políticamente a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ampliaron el libelo acusatorio, tras una supuesta coacción por parte de la directora de Comunicación del Ministerio Público, Élida Favole, quien habló de audios de narcodiputados el día en el que se iba a presentar el pedido de juicio político y solicitar una sesión extraordinaria para tratarlo este viernes.
En esta nueva causal, que se suma a otras 11, señalan que las expresiones de la funcionaria pueden entenderse como una posición institucional y siendo la máxima autoridad quien las determina, por lo que le atribuyen no solo a la directora de prensa, sino también a la fiscala general, Sandra Quiñónez.
“En la cadena de mensajes, la directora o asesora de Comunicación de la Fiscalía General afirma que se busca ‘quitarle a la fiscala general para atajar los procesos abiertos y juicios que ya están en curso’ (sic). Además, que un legislador estaría ofreciendo ‘oro y moro por el juicio político’, debido a que una persona cercana al mismo podría ‘cargar con 15 o 20 años de cárcel por narcotráfico’”, mencionan como parte de lo escrito por Favole.
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También detallan sobre las conversaciones en que la funcionaria hace referencia a un peso pesado del narcotráfico que consiguió una lista de votantes a favor de una legisladora y que “la parlamentaria sería una de las más apuradas por el juicio político y la que se escandaliza por el narcoestado”.
De igual manera, Favole mencionó en sus publicaciones sobre audios de un ministro del Ejecutivo que tendría vínculo con el narcotráfico, todo esto minutos antes de la sesión de la Cámara de Diputados donde se iba a solicitar una sesión extra.
“Ante lo llamativo y grotesco de dichas publicaciones, provenientes de una alta funcionaria del entorno cercano de la fiscala general del Estado, considerando que la misma tiene un cargo de confianza que depende absolutamente de ella, sin otros jefes o subjefes entre la máxima autoridad institucional y la directora, integrante del órgano responsable de la persecución penal, varios diputados y diputadas, entre ellos los firmantes del presente libelo, manifestamos nuestro repudio en la sesión ordinaria del 9 de marzo de 2022", expresan los diputados.
Asimismo, mencionan que la fiscala general del Estado salió a desautorizar y deslindó responsabilidad con respecto a lo mencionando por la funcionaria y dispuso la instrucción de un sumario administrativo.
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Sobre el punto, describen que la directora de Comunicación, por su parte, volvió a ratificarse en que los audios existen y posteriormente alegó de que se tratan de los que ya estaban circulando, haciendo referencia a los narcoaudios que involucran al ex diputado Juan Carlos Ozorio, quien ya renunció la semana pasada.
“Entiendo el nerviosismo de algunos. Yo también lo estaría, pero si yo lo tuviera ya sería público, lo saben quienes me conocen. Cuando la fuente esté lista seguramente saldrá a la luz”, continuó la directora.
Los diputados afirman que la supuesta amenaza de Élida Favole, quien ocupa un cargo estratégico y percibe una remuneración de G. 18.106.000, además de ser productora de programas político y judicial de una empresa dedicada al rubro de la comunicación, “que abiertamente apoya al sector político que la fiscala general protege”, constituye la antesala del quiebre democrático del Paraguay.
También exponen que si la funcionaria tiene dichos audios pone en riesgo la validez de los elementos de pruebas en procesos abiertos, de haber sido conseguidos a través del Ministerio Público.
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Los diputados también formularon una acusación más por “autorizar a una funcionaria de la institución a cometer hechos punibles de manera abierta y pública”.
En ese sentido, expresan que la Ley 1562/00 “Orgánica del Ministerio Público” establece la incompatibilidad para ejercer otro empleo o cargo público o privado, salvo la docencia, por lo que la funcionaria estaría violando la ley al trabajar para otros medios de comunicación.
“Sin embargo, la fiscala general permitió que, contrariamente a lo establecido en la regulación respectiva, esta funcionaria ejerza la función privada en un medio de comunicación. Esta situación es claramente incompatible y, además, se encuentra en perturbador conflicto de intereses con la función que desempeña la susodicha servidora pública”, remarcan, alegando incluso el cobro indebido de honorarios por parte de la periodista.
Las nuevas dos acusaciones contra la fiscala general del Estado se suman a otras 11, en las que se alega la falta de investigación a casos que vinculan al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y sus allegados políticos.
