En una audiencia telemática que se realizó en la mañana de este viernes, el ex diputado colorado Ulises Quintana, a través de su abogado Derlis Martínez, requirió la libertad ambulatoria, que le fue revocada el pasado martes por parte del magistrado.
La defensa ofreció caución real y personal, además del compromiso de participar de la audiencia preliminar en la causa del Operativo Berilo.
Por su parte, la fiscala Lorena Ledesma, que no participó porque estaba en una audiencia preliminar en otro Juzgado, se opuso al pedido de la defensa del ex legislador.
Ahora, el magistrado deberá resolver la cuestión. Esta semana había revocado el arresto domiciliario de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, del ex diputado Ulises Quintana y de Hugo Martín Ríos.
La resolución fue a raíz de las 15 suspensiones de la audiencia preliminar, la que ya lleva 3 años y 8 meses sin que hasta ahora pudiera realizarse la importante diligencia.
En el caso del ex parlamentario, Ulises Quintana fue acusado por supuesta asociación criminal y lavado de dinero, cargos que debe enfrentar en la audiencia preliminar.
Apelación y revocatoria
Por su parte, la defensa de Reinaldo Javier Cucho Cabaña había requerido la revocatoria de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que se cumplen 7 años y medio de medida privativa de libertad, 5 años en prisión y 2 años y medio de arresto domiciliario.
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Paralelamente, la defensa también planteó recurso de apelación general en contra del fallo en el que solicita al Tribunal de Apelación Penal que revoque la resolución dictada por el magistrado Palacios.
El juez le dio trámite a la revocatoria solicitada y al recurso de apelación con lo que le corrió traslado a la fiscala Lorena Ledesma, quien requirió el rechazo de la revocatoria y la confirmación del fallo.
En el caso, para el próximo 5 de marzo, está prevista la realización de la audiencia preliminar en la causa, que ya lleva casi ocho años de tramitación.
De ellos, 3 años estuvieron parados por causa de una acción de inconstitucionalidad de la Fiscalía, que finalmente fue rechazada, y otros 3 años y 8 meses, a raíz de las distintas recusaciones e incidentes de la defensa, a más de la inasistencia de la agente fiscal.
