La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés compartió el resultado de una encuesta que hicieron a 16.983 personas que alegan ser víctimas de este esquema criminal y el sondeo revela que el 60,8% no está encontrando respuestas a los embargos y descuentos compulsivos que siguen sufriendo mes a mes, muchos incluso sin ver un solo guaraní de su sueldo.
Los docentes, enfermeros y otros funcionarios públicos siguen lidiando no solo con una causa, sino con cuatro, cinco o más en su contra, donde deben demostrar que por una sola compra que hicieron les aparecieron como múltiples operaciones, cuyos descuentos nunca acaban.
“Este despojo ilegal ha empujado a miles de compatriotas a la indigencia forzada”, dijeron las víctimas.
Denunciaron además que se instauró “el negocio del hambre, donde las familias se ven obligadas a priorizar por lo menos una alimentación diaria para subsistir”.
El reclamo es principalmente a la Corte y a los Juzgados.
POCO MÁS DE 100. La encuesta que iniciaron se basó específicamente en las soluciones que ofrece el Ministerio de la Defensa Pública, donde solo 136 personas (el 0.8%) dijo que a través de los defensores públicos lograron solucionar sus causas.
Otras 1.275 personas (7,5%) dijeron que por fin ya están encaminando sus casos hacia una respuesta, y 1.700 aseguraron que sí solucionaron algunos expedientes, pero que otros no.
Eso fue en la parte positiva, pero la cifra negativa es más elevada. Un total de 3.111 (18,3%) víctimas marcaron que no les respondieron más los pedidos de gestionarles sus causas y por último 7.225 (42,5%) personas aseguraron que todavía no pudieron gestionar y se les sigue descontando.
El resto recurrió a abogados particulares, otros incluso fueron ayudados por la Comisión que investiga la Mafia de Pagarés en el Senado.
Se trata de 3.536 personas que “como consecuencia directa de la inacción y el colapso del aparato (sistema) estatal, se vieron compiladas a abandonar la asistencia pública”, lamentaron desde la coordinadora de víctimas.
Por último, dijeron la experiencia colectiva demuestra que “las vías institucionales están cerradas” para las víctimas y que “la mafia mantiene sus tentáculos intactos en las más altas esferas del poder”.
Traban con apelaciones dos causas de la trama
La nueva causa en contra de la ex ujier Audrey Galeano, imputada recientemente por aparentemente mentir al decir que fue hasta Tucumán, Argentina, a llevar la notificación por una deuda, ahora va al Tribunal de Apelaciones, donde quedará trabado.
La joven había planteado ante el juez Humberto Otazú un recurso de reposición, pidiendo que revea su decisión de admitir la imputación en la causa, alegando que ya fue procesada por los mismos hechos y que prácticamente iba a ser juzgada dos veces.
En un primer caso penal, a ella se le sindica de haber informado falsamente de que realizó varias notificaciones en juicios ejecutivos, en donde las víctimas terminaron siendo embargadas, pese a que nunca se enteraron de los juicios en su contra.
Como el juez rechazó la reposición, el caso deberá pasar al Tribunal de Apelaciones, donde los camaristas deben resolver el caso.
SEGUNDA. En otra causa, la Sala Penal de la Corte rechazó la recusación contra los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Arnulfo Arias, que integran el Tribunal de Apelación de Delitos Económicos.
Acá está procesada la ex jueza de Paz, Nathalia Garcete Aquino, funcionarios del Juzgado La Catedral, Segundo Turno, y abogados.
Ahora, los camaristas deberán resolver la apelación pendiente en la causa. Lo que decía la defensa en contra de ellos –y por eso les recusó– es que ya antes había resuelto un recurso contrario a lo que ellos pretendían, dando a entender que volverían a hacerlo.
