La acreditación de los bonos G8 se hizo en dos series. El informe final del interventor Carlos Pereira hace un recuento de ambas emisiones tras el análisis de la documentación ofrecida por la Municipalidad de Asunción. Esto como parte del trabajo central que debía realizar el economista, que consistía en analizar las seis observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Recordemos que la primera observación indicaba que el Ejecutivo municipal realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000.000.000, con los fondos en la modalidad de Cuenta Única Municipal, sin adjuntar los documentos de respaldo y sin detallar el origen de los fondos o recursos utilizados, incumpliendo el artículo 197 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal.
A una solicitud de distintos tipos de documentaciones, la Municipalidad respondió al equipo de intervención, por medio del memorando DGAF N° 1490/2025, de fecha 30 de junio, que la cuenta bancaria habilitada para gestionar los recursos provenientes de la colocación de los bonos G8 es la siguiente: Banco Basa N° 1.0012140-7.
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En primer lugar se verificó que los títulos de la primera serie fueron negociados en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA, mediante el Sistema Electrónico de Negociación.
El 30 de noviembre de 2022 se transfirió a la Municipalidad G. 180.000 millones a la cuenta de crédito N° 156041, habilitada en el banco GNB. Dichos recursos fueron transferidos a la mencionada cuenta corriente del banco Basa. Entre el 6 y el 14 de diciembre de ese año, según el informe, “se identificaron múltiples operaciones de débito realizadas desde la cuenta mencionada, por un total de G. 112.000.968.000".
Dichas transferencias se hicieron a cuentas operativas de la Municipalidad.
Paralelamente, el 14 de diciembre de 2022, se desembolsó la serie 2 del G8 por valor de G. 180.000 millones, ingresado en la misma cuenta corriente de la serie 1.
El 26 de diciembre, se realizó un débito por G. 50.000 millones, y como resultado de todas las operaciones, el saldo al cierre del ejercicio del 2022 ascendía a G. 197.999.032.000.
Aplicación de los bonos durante el ejercicio fiscal 2022
En este periodo, de acuerdo con el documento, la Municipalidad gastó G. 162.000.968.000 de los bonos en distintos conceptos. En salarios, usó el 57,49% del dinero, unos G. 90.524.063.217; en gastos de energía eléctrica, telefonía, mantenimiento, alquileres, seguros y capacitación de personal, usó el 10,66%, unos G. 16.782.536.574.
En mamparas, prendas de vestir, leche, productos de limpieza, pintura, combustible y otros, usó el 7,12%, G. 11.206.601.021, y en adquisición de bienes de capital y obras, un 16,07%, G. 25.308.722.062.
Parte de este dinero, G. 415.511.775, se usó para el desagüe de la avenida Molas López, una obra emblema de Nenecho, que él siempre menciona a la hora de defender su gestión.
La intervención ya comprueba de esta manera que la administración del imputado ex intendente bicicleteaba el dinero de bonos, puesto que el G8 solo debía usarse para las cuencas de Ayala Velázquez, General Santos y San Antonio, Santo Domingo, San Pablo, Abasto, Terminal, España II y Universidad Católica.
Por si esto fuera poco, unos G. 3.418.650.000 del G8, que representa el 2,17% del total ejecutado, se usaron para “servicio de la deuda pública”, que significa, de acuerdo con el informe, un grupo de gastos “vinculados a procesos previos y administrativos para la emisión y colocación del bono G8".
Aplicación de bonos en ejercicio fiscal 2023
Este uso ilegal se siguió registrando en el ejercicio fiscal 2023. La intervención constata que ese año se registra un saldo de G. 197.999.032.000 y que ya desde enero se realiza un débito de G. 30.000 millones. Entre enero y febrero, se verifican “cinco registros de créditos” por un monto acumulado de G. 140.000 millones.
El informe indica que los reintegros o reposiciones efectuados en 2023 fueron para reponer parcialmente los recursos que se usaron, y que esto configuró “la desviación y cambio del destino específico de tales fondos destinados para las obras de desagüe y explícitamente autorizadas en el plan de inversión” de los bonos G8.
“Lo que no está permitido expresamente por la ley o sus derivaciones normativas, está prohibido”, dice el documento. Cabe recordar que la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 197, prohíbe la utilización del crédito público para financiar gastos corrientes.
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“Usar fondos para construir desagües específicos en el pago de gastos corrientes, es ilegal y genera responsabilidades directas por la violación de las normas”, remarca el informe, apuntando directamente a la administración del ex intendente.
A esto se debe añadir que las reposiciones que hacía la Comuna al mando de Nenecho se hacían dependiendo de la disponibilidad de los ingresos propios.
Entre los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y diciembre, se hicieron transferencias desde la cuenta del bono a diversas cuentas operativas del Municipio. Las transferencias alcanzaron un monto de G. 307.950.000.000, “evidenciando la persistencia en la utilización de los fondos de deuda más allá de las reposiciones iniciales”.
Además, aunque se hicieron las transferencias, el dinero no se destinó a la finalidad exclusiva de obras de infraestructura. Cabe recordar que en numerosas ocasiones, el concejal Álvaro Grau acusó a Nenecho de estafar a los tenedores de bonos por comprometerse a usar el dinero para obras y finalmente desviarlo para otros fines.
A finales del año 2023, se confirma nuevamente en el documento que Nenecho y sus administradores desviaron el dinero de los bonos dejando apenas un saldo de G. 48.702.000, “lo que representa una ejecución del 99,9% del total del producto financiero de la emisión, evidenciando la utilización prácticamente íntegra de los recursos”.
De la serie 2, el 43%, que representa la suma de G. 153.142.871.095, se usó para pagar salarios y otro 26,76%, unos G. 94.968.493.216, se utilizó inclusive para pagar cuotas de préstamos contraídos por déficit temporal de caja.
De los bonos G8 también se usaron G. 31.170.547.946 para pagar intereses y amortización del bono G6, y G. 21.082.356.154 para pagar préstamos e intereses. En total se usaron G. 147.221.397.326, solo en compromisos financieros de la Municipalidad.
¿Dónde están los bonos G7?
El análisis del informe revela que unos G. 10.967.126.898 se usaron para obras que no forman parte del plan de inversión de los bonos G8, “lo que refuerza la conclusión de que los fondos fueron redirigidos sin una planificación transparente ni concordante con los fines establecidos para el endeudamiento”.
Las obras financiadas son las mismas de las que se jacta Nenecho cuando responde sobre las obras que se realizaron en su periodo. Entre ellas se menciona el desagüe pluvial de Rocío Cabriza, Isabel la Católica y Kanonnikoff, entre otras. Todo esto debía financiarse con los bonos G7, emitidos el 2 de febrero de 2021 por valor de G. 200.000 millones. Este dinero se esfumó de las cuentas bancarias de las últimas rendiciones de Nenecho.
El total de los gastos realizados con los bonos G8 en 2023 asciende a los G. 354.838.536.264, prácticamente la totalidad del dinero emitido originalmente.
En la observación hecha por la intervención, se especifica que las documentaciones sobre los gastos realizados con el dinero del G8 (G. 360.000 millones) totalizan G. 512.318.235.683, y que este aumento se da debido a la dinámica de la Cuenta Única.
La primera parte del informe ya indica que el uso que le dio Nenecho a la Cuenta Única fue ilegal y promiscuo, y que los organismos de control y justicia deberían encargarse de investigar más al respecto.
Informe habla de “riesgos” de que salarios hayan beneficiado a personas no vinculadas a la Comuna
El informe detalla además que hubo limitaciones a la hora de verificar el pago de los salarios efectuados con los fondos del bono G8, puesto que, pese a que se constató la existencia de documentación respaldatoria, “debido a la magnitud del universo de beneficiarios y a la falta de mecanismos sistematizados que permitan vincular de manera directa cada desembolso con la situación laboral vigente de los funcionarios, no fue posible confirmar la trazabilidad completa hasta de cada beneficiario individual”.
“Esta limitación en la estructura organizativa y documental del ente –según el informe– dificulta la validación plena de la legitimidad de los pagos realizados en este concepto, y podría generar riesgos asociados a la inclusión de personas no vinculadas formalmente a la institución en la nómina, especialmente considerando el volumen significativo de recursos involucrados”.
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Finalmente, se indica en el informe que al 24 de junio de 2025, la cuenta habilitada para la administración del bono G8 solamente tiene G. 23.286.519.
En la última parte de la primera observación del uso de los bonos G8, el informe concluye severamente sobre el uso desordenado y caprichoso de los recursos de los asuncenos.
“La superposición de conceptos falaces e ilegales como el de la Cuenta Única Municipal, el desconocimiento y falta de aplicación correcta de las normativas legales y financieras de buena gestión de fondos, y presumiblemente una inexistente moral de cumplimiento y falta de celo en la gestión de los administradores públicos municipales tuvieron por resultado un nivel de desorden financiero e institucional pocas veces visto”, expone.
Y finaliza apuntando que “la violación de la ley y/o normativa, la violación de la confianza institucional y pública requieren resarcimiento y corrección para que las finanzas del Municipio puedan volver al cauce del cumplimiento”.
