La administración de Luis Bello habría incurrido en una “usurpación” de funciones al impulsar la aprobación del presupuesto 2026, puesto que implica también la aprobación de los presupuestos del 2027 y 2028, periodo en que Asunción tendrá un nuevo gobierno. Esto, según el concejal y abogado Humberto Blasco, quien explicó que se podría estar privando de las atribuciones al nuevo intendente a la hora de trabajar en nuevos presupuestos.
El edil explicó a Última Hora que la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 36, expresa que los concejales tienen la atribución, “es decir, la obligación de estudiar el presupuesto anualmente”. Aseguró que no hay ninguna sola norma dentro de la citada ley que habilite a estudiar presupuestos plurianuales.
Consultado sobre la aprobación del presupuesto 2026, Hugo Martínez, de la Dirección General de Administración y Finanzas, explicó que para dicho presupuesto rige el “principio de anualidad”.
“El anteproyecto de presupuesto es para un ejercicio de 2026. En este año se plantea el ingreso igual al gasto, principio de equilibrio presupuestario”, explicó.
Sostuvo que la realidad administrativa exige, sin embargo, atender a la necesidad de planificar gastos que trascienden el ejercicio anual.
“Como hay llamados/compras que trascienden el ejercicio fiscal que se arrastra de años anterior, o los nuevos, cuyos gastos se proyectan más de un ejercicio fiscal, máximo tres (llamados/compras/adquisiciones) plurianuales... Se prevé un presupuesto plurianual”.
Resaltó que el anteproyecto de presupuesto 2026 “se construye en forma obligatoria de acuerdo con los lineamientos formulados en el decreto que regula la materia”, aludiendo al Decreto N° 3213 del Ministerio de Economía y Finanzas.
El director aportó además que para la previsión del presupuesto plurianual se tomó en cuenta el artículo 178 de la Ley Orgánica Municipal, que establece que las municipalidades, en materia de programación del presupuesto, se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado y sus decretos.
“Y conforme a esa ley, nos debemos regir a ese decreto”, puntualizó Martínez.
VACÍO LEGAL. El concejal Blasco apuntó que todas las normas citadas por Martínez son supletorias, que son “aquellas a las que uno recurre cuando no encuentra en la norma especial la respuesta a una situación que debe resolver para llenar un vacío, oscuridad o laguna de la Ley”.
“En este caso, no existe esa situación porque la Ley Orgánica Municipal es clara. En su artículo 36, impone a la Municipalidad el estudio anual, y no hay ninguna otra normativa que habilite el estudio plurianual, y por el principio de legalidad de los actos administrativos tenemos que estar autorizados por una norma”, recalcó.
“No podemos traer normas de otra institución, en este caso de menor jerarquía. Un decreto es de menor jerarquía que una ley para cambiar la ley”, añadió.
Blasco consideró que la aprobación de un presupuesto que se proyecte hasta 2028 constituye un acto que afecta directamente al futuro mandato en Asunción, puesto que priva de “esta atribución a las nuevas autoridades que van a ser recién elegidas el año que viene, incurriendo posiblemente en una usurpación de funciones, porque estas son atribuciones que pertenecen a autoridades futuras que todavía no fueron electas”.
PRESUPUESTO ES “ILEGAL” Y FUE EL QUE “MENOS VOTOS TUVO”
El concejal Álvaro Grau (PPQ) afirmó que el presupuesto 2026, aprobado el jueves por ediles colorados aliados a Luis Bello, fue el que “menos votos tuvo en la historia” de la Municipalidad de Asunción y lo consideró ilegal por presentar una serie de irregularidades, entre ellas que no registra ningún saldo de bonos, prevé gastos corrientes mayores a los que permite la ley y además “tiene vigencia por más de un año”, incluso hasta 2028.
“Tres contra diez fue la votación, el presupuesto aprobado con menos votos en la historia”, dijo Grau en una entrevista con Radio Monumental. “Diez concejales nomás aprobaron este presupuesto para el próximo año; algo inaudito”, añadió.
Se refirió a la vigencia del documento, que, según explicó, se trata de un “presupuesto plurianual, algo que es totalmente ilegal (...) porque la ley obliga a la Junta Municipal año tras año a estudiar y analizar, y sacar una ordenanza de presupuesto”.
“La Junta Municipal, al aprobar un presupuesto que tiene vigencia por más de un año, está violando la Ley Orgánica Municipal”, dijo el concejal, y añadió que existen planes plurianuales que se analizan desde la Junta, pero que es inaudito e ilegal que se apruebe un presupuesto de esta naturaleza.
“Una locura. Porque están diciendo que ni ellos van a sanear el gasto rígido, y le condenan al próximo que asuma a que no sanee luego. La Junta Municipal ayer aprobó cercenarse a sí misma uno de los roles más importantes que tiene, que es elaborar un presupuesto”, resaltó.
Grau también se refirió al hecho de que el documento ya no incluye ningún saldo de bonos, detalle que sugiere que ya no hay dinero correspondiente a ninguna emisión. También apuntó que otra “ilegalidad” incluida en el presupuesto se refiere a la previsión de “un gasto mayor al que permite la ley para gastos corrientes”.
Se remitió a la Ley 5513/2015, que modifica el artículo 179 de la Ley Orgánica Municipal y establece que solamente el 40% del impuesto inmobiliario puede ir destinado a gastos corrientes.
El edil también lamentó que el presupuesto vuelva a incluir la venta de tierras de la Costanera Norte.
