El documento indica que, tras un análisis de la totalidad de los documentos de respaldo recibidos por parte de la Administración municipal, se constató que más de G. 236.000 millones fueron usados en salarios y gastos corrientes.
Confirma, por otro lado, que solo un 7,08% –equivalente a G. 36.275.848.960– fue destinado a inversión física, correspondiente a otras obras públicas que no se encuentran vinculadas con la emisión de los bonos G8.
El 92,92% restante fue utilizado en diversos conceptos de gasto corriente, como servicios personales G. 243.666.934.312; servicios no personales G. 124.243.130.170; servicio de la deuda pública G. 55.671.554.110; transferencias G 2.566.094.938 y otros gastos más, “lo cual representa una clara transgresión a la finalidad del endeudamiento”.
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El informe apunta a que la Cuenta Única Municipal, a través de la cual se viabilizó este dinero, se utilizó de manera “promiscua” y “eliminó todo tipo de control presupuestario, contable y financiero segregado de los recursos de los bonos, como lo exigen las buenas prácticas internacionales de gestión del crédito público”.
También resalta y reitera que los fondos no fueron aplicados conforme al destino específico para el cual fueron obtenidos, es decir, la inversión en infraestructura pública.
“Usar dinero público que se destinó y autorizó para la construcción de infraestructura pública, en otros gastos no relacionados y alejados completamente del objetivo y de la autorización expresa recibida, hace responsables de tal infidelidad e ilegalidad a los administradores públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron”, remarca el documento, aludiendo a los administradores de Nenecho Rodríguez, entre los que se incluyen el jefe de Gabinete, Nelson Mora, y la mayoría colorada de los concejales que aprobaron las rendiciones de Nenecho a lo largo de su gestión.
Se subraya también que la transgresión de la confianza pública por la Administración del Municipio de Asunción, debido a los manejos ilegales de los recursos de los asuncenos, “encarna varias tipologías sancionadas en los fueros administrativos, políticos y jurídicos, cuyo tratamiento –si bien no es materia de este informe– resulta necesario puntualizar que sus consecuencias son muy graves porque la confianza pública quebrantada no se construye con el mero voluntarismo, ni por efecto inmediato de la sola punición de los causantes”.
El informe sigue, en este sentido, acusando que las prácticas ilegales de Nenecho y sus administradores tienen “efectos políticos y sociales profundos que requieren firmeza en la corrección de todo lo que ha llevado a la grave situación que se constata en este informe y que no puede ser tolerada, sino decididamente debe ser corregida en lo sucesivo”.
“Solo de esa manera se podrá recuperar la confianza del público, y la gestión en Asunción”, asevera, antes de detallar de qué manera se gastaron G. 512.318.235.683 del dinero que debía utilizarse exclusivamente para obras de infraestructura.
