De un somero recorrido por los medios de las últimas semanas nos es interesante poner de relieve el vergonzante despilfarro de los fondos públicos por parte del Estado: “Hambre 0 llega a más de 11.800 estudiantes indígenas del Chaco”; “Gasto social aumenta 10,7%, el mayor énfasis en educación”; “Gobierno eleva meta del Indert a 50.000 títulos de propiedad”; “Che Róga Porã 2.0 será respuesta para la gente según Peña”; “Che Róga Porã destina 40 millones a planes”; “Indert entrega 140 títulos a campesinos en Santaní”; “Che Róga Porã crece 4 veces más en nueva fase de opciones de vivienda”. Etc., etc., etc.
Esto es apenas una pálida muestra del lamentable estado de mendacidad pública en que ha caído la sociedad paraguaya. Limosna tras limosna, dádiva tras dádiva, ventaja tras ventaja, prebenda tras prebenda, recibida una y otra vez por grupos de sectores privilegiados que, invocando falsa misericordia, dudosos “derechos” sociales o interés político, se sienten con derecho de exigir a la sociedad contribuciones compulsivas para su subsistencia. Demás está decir que todo esto viene a costa de grave daño al trabajador y productor paraguayo.
¿Por qué ocurre este daño? Existen dos perjuicios graves en la política de los subsidios a la pobreza.
El primero es la creación sistemática de mayor cantidad de pobres y de gente que vive de la caridad. En efecto, al aumentar el ocio de aquellos que se sostienen del subsidio, la utilidad marginal del ocio se elevará en relación a la utilidad marginal del trabajo. El resultado será el aumento de la cantidad de ociosos y la disminución de la gente realizando actividad productiva.
El segundo perjuicio es que (independientemente del tamaño o poder del Estado benefactor) se crean irremediablemente dos clases de ciudadanos. A saber: 1) El pagador del impuesto; y 2) los que viven del impuesto, es decir los consumidores de impuestos.
Se forman ilegítimamente y a través de la intervención del Estado proveedor, dos grupos: una casta privilegiada con el derecho de recibir cierta prestación de la sociedad y el otro grupo de obligados a contribuir con esta casta privilegiada. Eso es absolutamente inaceptable en una sociedad libre donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
El Estado pretende torcer este argumento alegando que todos los contribuyentes reciben los beneficios de los impuestos. Esto es obvia y absolutamente falso. Es solo una pequeña y minúscula parte impuesto que recibe el pagador del impuesto. La acción del contribuyente es siempre desigual en relación al pagador y el recipiente del impuesto. ¿Si el impuesto le fuera devuelto en su totalidad, que necesidad habría de cobrar el impuesto? ABSURDO.
La obra social solo crea desigualdad, privilegios y una casta de ciudadanos que vive del legítimo trabajo de sus semejantes. Dentro de este escenario por supuesto, es el político sinvergüenza quien cosecha poder, influencia y dinero a costa de la sociedad en general.
¡¡¡BASTA DE OBRA SOCIAL!!! ¡¡¡LIBERTAD ECONÓMICA YA!!!
