El diario Última Hora accedió a imágenes satelitales que revelan un nuevo caso de deforestación en la reserva San Rafael, ubicada a unos 450 kilómetros de Asunción, entre el sur del Departamento de Caazapá y norte de Itapúa, una las últimas zonas boscosas de la Región Oriental.
Pese a la Ley de Deforestación Cero y, de acuerdo con denuncias anónimas, estas invasiones son constantes por parte de personas inescrupulosas que ingresan a la propiedad, destruyen el bosque, comercializan la madera y luego alquilan ilegalmente las tierras para plantaciones ilegales que podrían ir desde soja hasta marihuana.
De acuerdo con lo señalado, la deforestación se vuelve cíclica y repetitiva y, presumiblemente, se acrecienta en épocas de elecciones, por supuestas falsas promesas relacionadas con estas tierras.
Esta incursión en particular se estaría dando dentro de una propiedad que pertenecería al Banco Nacional de Fomento (BNF), en la zona de las siguientes coordenadas: 21 J 633112.27 7058115.34.
En un caso de 2022, organizaciones ambientales del Comité Paraguayo de Unión Internacional para la Naturaleza (IUCN) habían denunciado deforestación en la misma zona del bosque y, al mismo tiempo, la inacción de las autoridades.
Estos desmontes violan la conocida Ley de Deforestación Cero (Nº 6256), que prohíbe las actividades de transformación y conversión de bosques en la Región Oriental, que es de vital importancia para la preservación del Bosque Atlántico. La norma busca regular la protección, recuperación y mejora del bosque nativo.
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Última Hora conversó con la fiscala de turno, Angélica Arriola, de la Unidad de Delitos Ambientales de Itapúa, quien tomó nota del caso para mayores averiguaciones.
La agente del Ministerio Público explicó que existen varias denuncias similares y que la mayoría se trata de plantaciones de marihuana, por lo que trabajan en conjunto con la Unidad Antinarcóticos.
“No hace mucho se trabajó durante una semana en un procedimiento denominado Operativo Raffaello (liderados por la Secretaría Nacional Antidrogas [Senad] y el Comando de Operaciones de Defensa Interna [CODI] de la Fuerza de Tarea Conjunta [FTC]), que fue bastante grande y justamente se trabajó en conjunto con todas las instituciones. Se hizo un sobrevuelo de la reserva y pudimos identificar que se trataba de plantaciones de marihuana”, comentó.
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El procedimiento culminó en 47 hectáreas de marihuana destruida. Sin embargo, las incursiones ilegales siguen, poniendo en riesgo la conservación de la reserva, su fauna y flora, y además, el hogar de los indígenas de la comunidad Mbya Guaraní, que viven en la zona boscosa.
Según la agente fiscal medioambiental, pese a las denuncias, se vuelve difícil la individualización de los responsables, por las particularidades de la zona.
“Una vez que desaparecen allí, si no se le agarra en flagrancia, si no tenemos fotos como pruebas, no podemos continuar con nuestra investigación”, comentó.
