El ex senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento, Fernando Silva Facetti, dice que el aumento de penas no es la solución para la criminalidad adolescente. Habla también del Jurado y del Consejo de la Magistratura que cumplen 33 años de creación.
–¿Qué piensa sobre aumentar de 8 a 15 años las penas para los adolescentes?
–No creo que sea la solución. Porque los crímenes adolescentes no son generalizados. Son casos aislados los que motivan a reaccionar al Congreso. En realidad, la mayoría son hechos por adolescentes en situación de calle y que también tienen problemas de adicción. Existen algunos casos de adolescentes de pueblos originarios. El problema debería ser tratado con centros de rehabilitación principalmente y mirando la reintegración posterior del individuo. Yo no creo que el aumento de las penas si no hay una política de reinserción de los adolescentes, vaya a ser la solución. El Estado debería poner más énfasis en la rehabilitación y en la reinserción, porque ¿qué está pasando hoy? Lo que pasa es que vos tenés, le metés preso, no se rehabilita y al salir es un individuo problemático y que no se reintegra a la sociedad.
–¿No sería inconstitucional?
–Creo que sí podría considerarse inconstitucional, ya que Paraguay, como Estado, es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que nosotros nos comprometemos a cumplir. Los principios, como el interés superior del niño, la excepcionalidad en el uso de la privación de libertad, entre otros. O sea, aumentar las penas máximas, lo que haría es vulnerar esos compromisos internacionales. La Constitución, en el artículo 54, establece la protección especial del niño. Entonces, tiene rango constitucional y rango de tratado; o sea, está por arriba de la ley, en el segundo eslabón de la pirámide de Kelsen. Entonces, para cambiar eso, deberíamos reformar la Constitución. Y hoy como está, hacerlo así, lo que haría es afectar gravemente los estándares internacionales que el país está comprometido. Ergo, si el día de mañana lo hiciéramos, el niño o adolescente podría recurrir a estrados internacionales y el Estado tendría que pagar el daño ocasionado.
–¿Qué opina sobre las medidas de implementar uniformes para los reclusos?
–Puede ser una medida válida siempre y cuando sea para mantener el orden y seguridad dentro del sistema penitenciario, pero siempre es importante hacer énfasis en el tema de los derechos de los reclusos. El objeto de la prisión dentro del marco constitucional que es la reforma del individuo. Entonces, aparte del uniforme, como medida de mayor seguridad, tenemos que hablar de una reforma penitenciaria integral donde se contemple el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y los programas de reinserción. El Poder Judicial también tiene mucho que ver en esto, y requiere coraje de los jueces, porque la ley está, los tratados internacionales también, y la Constitución así lo establece. Recordar siempre que la prisión es la última ratio. Existen varias medidas de seguridad, de restricción de la libertad que pueden ser implementadas y que en último caso debe ser el sometimiento a la prisión del individuo. Y después también el Código de Ejecución que establece mecanismos que deberían ser mucho más ágiles para garantizar, previo a la verificación, la reinserción de ese individuo; es decir, las salidas temporales, provisorias, libertad condicional a través de mecanismos más fáciles, porque hoy en día la aplicación del Código de Ejecución es un calvario. Entonces, en eso también deberíamos focalizar para realmente tener un sistema penitenciario más eficiente.
–Como ex miembro del Jurado, ¿cómo lo ve, a 33 años de su creación?
–Fue creado como un órgano de control a los efectos de controlar y depurar el sistema judicial en caso de fallos. Para darle independencia se estableció un mecanismo de representación plural, donde tenés representantes abogados, del Congreso, de la Corte. Si tuvo avances y retrocesos. Sirvió para destituir magistrados que no actuaron conforme a la ley, pero también ha habido partes oscuras como las tan cuestionadas decisiones del Jurado que fueron arbitrarias motivadas por presiones externas a los efectos de coaccionar a los miembros del Poder Judicial. Hay que fortalecer siempre. Yo creo que el Jurado puede ser una institución que cumpla el rol que la Constitución le designó, pero tenemos por ejemplo que la última reforma de la ley del Jurado condicionó su obrar a lo que establece el mecanismo penal, que es un sistema acusatorio. Es decir, el Jurado no debería estar iniciando de oficio investigaciones, salvo casos extremadamente graves. Sí debería actuar como juez. Para eso debe haber una persona, la víctima, que acuse y, como dice la ley, debe también presentar caución. Entonces, el afectado es el que presenta la causa y hay un fiscal que acompaña. Entonces, el Jurado juzga, y no hacer como era el anterior sistema penal, inquisitorio. Es decir, el Jurado investiga, acusa y juzga. Eso es lo que está mal y debería dar cumplimiento irrestricto a lo que establece la última modificación, que era justamente para evitar la presión del Jurado sobre los representantes del Poder Judicial.
–¿Y el Consejo de la Magistratura, institución bastante criticada?
–Yo creo que viene bastante bien. Ha habido una notable mejoría en los procesos de selección de jueces y fiscales. Siempre hay intromisión política y va a seguir habiendo porque la gente cree que la política es solo la partidaria, pero está la gremial, económica, social, y los representantes siempre responden a un grupo del poder político partidario o gremial, o a intereses que pueden venir de la propia Corte. Entonces, cómo palias esto, a través de mecanismos transparentes, la publicación, la publicidad, reglas claras. Creo que la meritocracia, el conocimiento, se buscan siempre mecanismos. A mi criterio, se da mucha importancia a las cartulinas y se deja de lado la experiencia y el conocimiento. Ojalá que los miembros del Consejo puedan rever eso en algún momento. Y que lo hagan siempre dentro del marco de la transparencia, la transmisión de las sesiones, de las reuniones con los interesados, va a garantizar siempre a saber que juzgador puede ser juzgado a través de la publicidad y transparencia de los actos.
–Finalmente, en el Congreso actual ¿priorizan solo leyes populistas?
–La Constitución del 92 le dio mucho poder al Congreso, porque fue escrita al salir de una dictadura. Entonces, esa iniciativa que tiene el Congreso de presentar proyectos de ley, aún en contra de lo que estableció el Ejecutivo que fue el órgano votado para aplicar por cinco años su visión de país, ha causado muchos problemas. Ha generado leyes como la de los maestros que se aumentaron su sueldo sin ningún criterio técnico, si está preparado o no, solo por la antigüedad, y otros casos, crear escuelas u hospitales por todos lados, si bien contra el criterio técnico que es el órgano especializado. Es lo que tenemos, solo nos queda esperar que nuestros parlamentarios sean sensatos cuando salen las leyes. Las leyes populistas suelen tener su cúspide en procesos electorales. Es decir, nosotros el año que viene vamos a tener elecciones municipales y tenemos que por lo menos patear más adelante cualquier principio de tirar el dinero público en proyectos no analizados a profundidad.
Fernando Silva
Es político y abogado. Estudió en la UNA y en el Collège Laval de Canadá. Fue senador entre el 2008 y el 2023. En el 2012, fue designado presidente del Consejo de Administración del IPS. Fue miembro del Jurado de Enjuiciamiento, entre otros cargos que tuvo.
Se da mucha importancia a las cartulinas y se deja de lado la experiencia y el conocimiento. Ojalá que los miembros del Consejo puedan rever eso en algún momento.
Es lo que tenemos; solo nos queda esperar que nuestros parlamentarios sean sensatos cuando salen las leyes. Las leyes populistas suelen tener su cúspide en procesos electorales.
