En nombre de la Comisión Vecinal Defensa del Agua, los vecinos de Atyrá requirieron a las autoridades la urgente intervención, luego de que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, autorizara a la firma Highlands Park & Lagoon SA (vinculada a Petrohue Real Estate SA) la perforación de un pozo subterráneo para la extracción de agua subterránea.
Esta medida revoca resoluciones municipales que buscaban proteger el suministro local de agua y preservar el acuífero Caacupé, una fuente vital que abastece por igual a las comunidades de Paraguarí, Caacupé, Atyrá y Tobatí, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
El proyecto inmobiliario, ubicado en Ypacaraí, destinaría el agua para llenar una laguna artificial de más de cuatro hectáreas, parte de un complejo de viviendas y hoteles. Según la comisión vecinal, el recurso no beneficiará a residentes permanentes, sino que servirá a fines recreativos y comerciales, basándose en la medida cautelar en “premisas falsas” al alegar una necesidad comunitaria.
EXTRACCIÓN ILEGAL
El conflicto legal ha escalado a una confrontación directa entre el Poder Judicial y la Administración municipal. Víctor Samaniego, asesor jurídico de la comisión vecinal, detalló las acciones legales emprendidas y la gravedad del fallo: “Los trámites judiciales continúan y todavía no existe la sentencia definitiva al caso. La medida judicial es un prevaricato puro y la empresa intentó reconectar y hacer funcionar ya el pozo sin orden judicial”, agregó, refiriéndose a la ilegalidad de la extracción.
“El mecanismo es la resistencia ante la usurpación. La medida cautelar dispuso llevar inmediatamente el agua, pero el intendente hizo un trabajo de cortar la cañería desacatando la orden”, reveló sobre la respuesta inmediata de las autoridades de Atyrá.
ACUÍFERO EN PELIGRO
Samaniego insistió en que la empresa responsable, identificada como Highlands Park & Lagoon SA, ha actuado fuera de la ley ambiental. “La empresa actuó fuera de la ley y demuestra su falta de apego a las normas ambientales. En vez de acudir al Ministerio del Ambiente, recurrieron a la Justicia”, afirmó.
“Dicen que existen comunidades dentro del proyecto que necesitan agua. Es totalmente falso porque el proyecto está recién en construcción y no habita nadie ahí”, agregó sobre la premisa utilizada ante el Tribunal.
Al ser algo que afecta de forma importante a familias y empresas de la zona, están pidiendo que se hagan todos los pasos correspondientes, ya que, “no se puede llevar agua sin una postura técnica verdadera”, señaló Samaniego.
“Para una perforación de esta clase de pozo artesiano se necesita un estudio de impacto ambiental, y no se han hecho esas actuaciones”, apuntó.
DESAPARICIÓN DE ARROYOS
Los vecinos también denuncian daños ambientales visibles derivados de extracciones previas: arroyos desaparecidos, pozos secos y pérdida de fauna acuática y lugares de recreación tradicionales. La construcción de la laguna artificial más grande de Sudamérica podría agravar estos impactos de forma irreversible.
“Los arroyos desaparecieron, los pozos naturales se secaron, ya no existen más pececitos que existían antes. Ya no existen lugares donde la gente se recreaba, donde se bañaba, donde disfrutaban el verano, todito desaparecieron. Van a llevar el agua potable a la laguna artificial más grande de Sudamérica. No va a existir otra igual”, alertó.
La población ya pidió a los diputados cordilleranos para que estos pidan al representante de la Cámara ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) buscar la manera de que se revise la actuación de los magistrados del Tribunal de Cuentas.
“Solicitamos que el Mades, Erssan y el JEM revisen y actúen para tener una solución más justa a todo esto”, remató el asesor jurídico.
La comunidad exige que todas estas instancias oficiales del Gobierno intervengan de manera urgente, revisen la medida cautelar y suspendan cualquier extracción hasta contar con estudios técnicos independientes que aseguren la protección del acuífero Caacupé.
