El comisario Carlos Benítez, director de Inteligencia del Ministerio del Interior, indicó que, durante el rastreo y cruzamiento de datos de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, constataron que los tres ingresaron ilegalmente al Uruguay.
“Con el cruzamiento que se da con las direcciones migratorias del Brasil y Uruguay, no se hace constar que ellos hayan dejado un registro migratorio. No se descarta que vuelvan a pedir el refugio (en Uruguay)”, explicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.
Además, el uniformado señaló que, mientras Arrom, Martí y Colmán no obtengan el refugio, podrán ser trasladados al país, una vez que sean localizados.
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“Ya hemos comunicado la situación a las autoridades uruguayas. No existe en ninguna base de datos que ellos hayan abandonado e ingresado a otro país”, reiteró Benítez.
Brasil había revocado el estatus de refugiados de los tres, el pasado 14 de junio. Los tres habían huido al vecino país para evitar ser juzgados por el secuestro de María Edith Bordón, ocurrido en noviembre del 2001.
Ahora están en el Uruguay y la Fiscalía trabaja en un exhorto para solicitar que sean detenidos en ese país. Pese a que se haya desactivado la alerta roja de la Interpol que pesaba contra los mismos, serían susceptibles de localización.
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Al respecto, Benítez explicó que Arrom, Martí y Colmán solicitaron el bloqueo al acceso de sus datos, que seguía activo hasta la primera semana de julio.
“Aquellas personas que se ven violentadas en el proceso pueden hacerlo”, acotó. Los tres paraguayos pasaron 17 años en territorio brasileño en carácter de refugiados políticos.
Más del caso
Arrom y Martí habían demandado al Estado paraguayo por los supuestos hechos de privación ilegítima de libertad y tortura, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor de Paraguay.
María Edith Bordón asegura que ambos participaron de su secuestro y ella los reconoció plenamente.
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Los tres paraguayos, en el afán de no perder el refugio político, presentaron un recurso de apelación contra la decisión de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare), pero fue rechazada por el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro.
