Para la organización Tierra Viva y para los Pueblos Indígenas, esta omisión no fue un descuido, sino la confirmación de una política de Estado de olvido y desatención hacia las comunidades originarias.
El segundo informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso Nacional, presentado en la jornada de ayer, generó un debate más allá de sus extensas declaraciones.
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El presidente Peña no hizo la menor mención a los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas, desde la pérdida de sus tierras ancestrales y la precaria situación de sus derechos humanos, hasta la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación.
Este silencio es particularmente llamativo en un país con una rica diversidad cultural y una historia marcada por la lucha de sus poblaciones originarias.
Voces y datos que desafían el olvido
Tierra Viva ha venido recopilando una serie de testimonios y datos alarmantes que contradicen cualquier noción de “olvido” presidencial.
Según datos recientes recopilados por diversas organizaciones de derechos humanos, las comunidades indígenas en Paraguay siguen siendo las más afectadas por la deforestación, el avance de la frontera agropecuaria y la impunidad en la tenencia de la tierra.
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Los conflictos territoriales son constantes, lo que con frecuencia resulta en desplazamientos forzados y la pérdida de medios de subsistencia tradicionales.
Testimonios desgarradores recogen la desesperación de líderes comunitarios que denuncian la falta de respuesta gubernamental ante sus peticiones.
También, la falta de inversión en políticas públicas específicas para los pueblos indígenas es otro indicador de este “olvido institucional”. Programas de salud y educación adaptados a sus culturas y lenguas son escasos o inexistentes, profundizando las brechas de desigualdad y marginación.
El olvido como política de Estado
Para Tierra Viva, la ausencia de los pueblos indígenas en el discurso presidencial no es un hecho aislado, sino una pieza más en un engranaje de desinterés que se ha consolidado como una verdadera política de Estado.
Esta política, argumentan, facilita la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas sin consulta previa, libre e informada, un derecho fundamental reconocido por convenios internacionales.
La organización hace un llamado urgente a la comunidad internacional y a la sociedad paraguaya para que exijan al Gobierno de Santiago Peña un cambio de rumbo.
Es imperativo que los pueblos indígenas dejen de ser un tema ausente en la agenda pública y que sus voces sean escuchadas y sus derechos garantizados de manera efectiva. El progreso de una nación, afirman, no puede medirse sin considerar el bienestar de todas sus poblaciones, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas.
