El Tribunal de Apelaciones anuló la absolución del ex fiscal Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, quienes en principio estaban acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Como consecuencia, deberá realizarse un nuevo juicio oral.
La decisión fue tomada en apenas 24 horas, luego de que la Corte Suprema destrabara el caso y resolviera un conflicto con otros designando al camarista José Agustín Fernández para conformar el Tribunal de Apelaciones. Fernández firmó la resolución junto con sus colegas Delio Vera y Bibiana Benítez. El documento, de 53 páginas, anula la sentencia absolutoria dictada a favor del ex fiscal general.
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La absolución
En diciembre del 2023, el Tribunal de Sentencia –integrado por los jueces Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez– decidió absolver a la pareja, y a continuación, hizo una serie de críticas sobre el trabajo del Ministerio Público.
“Le cobraron muy caro, señor fiscal”, había expresado Báez, al momento de decir que el Estado debe pedirles disculpas por toda la acusación, que –según él– tenía un “tinte político”.
Las fiscalas Claudia Aguilera y Natalia Silva habían solicitado ocho años de cárcel por los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La carpeta fiscal señala que Díaz Verón no pudo justificar la suma de G. 10.495 millones entre sus ingresos y egresos en el periodo del 2008 al 2017 y que habría querido ocultar sus bienes a través de su esposa.
Sin embargo, durante el juicio, el presidente del Tribunal argumentó que el trabajo de la Fiscalía se trató de “una investigación deficiente”, que pretendió confundir al Tribunal y a la ciudadanía.
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Críticas del Tribunal de Apelaciones
La sentencia fue analizada por los camaristas, quienes consideraron que se “han detectado razonamientos absurdos y arbitrarios, que han provocado una falta de fundamentación”.
“Considerando todas estas expresiones vertidas por el Tribunal de Sentencia, solamente cabe afirmar, de que surgen vicios patentes, como el de la fundamentación insuficiente, al valerse de simples relatos insustanciales, y prevalecerse de que otros Tribunales de Primera Instancia especializados en Delitos Económicos han fallado de igual forma”, dice el relato.
No hubo justificación razonable por parte de Tribunal de Sentencia “para desacreditar el trabajo pericial, y además calificarlos de falsos y remitir los antecedentes al Ministerio Público”, explicaron los camaristas.
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Recordaron que los peritos de la Fiscalía informaron sobre sus trabajos, su antigüedad y la cantidad de trabajos realizados a lo largo de su trayectoria profesional. Pese a eso, sostienen que la discusión o debate ha girado en torno a nimiedades.
“Cuando se requiere de un conocimiento técnico o científico, se recurre a los peritos, y tampoco el Tribunal de Sentencia refutó sobre alguna base probatoria, la falsedad vertida por los profesionales, más bien se trataría de excluir toda probanza con la finalidad de sostener una verdad aparente”, dijeron en su grave acusación.
Determinaron además que se detectaron serias violaciones a las reglas legales, omitiendo pruebas relevantes del proceso.
Con todo esto, se anuló toda la primera sentencia y se reenvía para hacer un nuevo juicio.