19 jul. 2025

Jueces autorizan extraer datos de celulares de magistrados imputados

Los jueces de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú autorizaron a la Fiscalía la extracción de los datos de los teléfonos celulares de los suspendidos jueces de paz Carmen Analía Cibils, Nathalia Garcete y Gustavo Villalba, a más de la ex jueza Liliana González de Bristot en el caso de la mafia de los pagarés.

allanamiento mafia de los pagarés.

Fiscales. El Ministerio Público tiene autorización para extraer datos de los celulares de los jueces de paz.

Foto: Archivo ÚH

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero ya fueron autorizados para extraer datos de los celulares de los jueces de paz que fueron imputados en los casos de la mafia de los pagarés.

El juez Humberto Otazú dispuso la extracción de los elementos guardados en los celulares de los jueces de paz de La Catedral, del Primer Turno, Nathalia Garcete; y del Segundo Turno, Gustavo Villalba, a más de la ex jueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot.

Se designa al perito Jorge Sebastián Riquelme Salinas para la realización de la diligencia. El retiro de los aparatos se hará en el juzgado el próximo 12 de junio.

El magistrado admite la extracción de datos actuales y eliminados del registro de mensajes de texto (entrantes, salientes, guardados, borrados, mensajes de voz intercambiados en las plataformas de comunicación); registro de llamadas (perdidas, entrantes, salientes y marcadas) y correos electrónicos.

Lea más: Mafia de los pagarés: Imputan a 63 personas, entre jueces y actuarios

Además, datos actuales y eliminados del archivo de agenda telefónica, de la tarjeta de memoria y sus mensajes de texto, archivo de imágenes y videos guardados.

Finalmente, también otros datos actuales y eliminados de la tarjeta SIM card y chip, todos los datos actuales y eliminados, y toda otra información conducente al esclarecimiento del hecho entre la procesada y los demás encausados.

Otro caso

Con relación a la otra causa, el magistrado Rodrigo Estigarribia autorizó la extracción de los datos respecto a la suspendida jueza de paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, con lo que el 6 de junio el perito Jorge Sebastián Riquelme retirará el aparato para la diligencia.

Se admite la extracción y búsqueda de datos actuales y eliminados de todas las aplicaciones, archivos y registro de mensajes de texto, del registro de llamadas y correos electrónicos.

Igualmente, se autorizan la extracción de datos actuales y eliminados del archivo de agenda telefónica, de la tarjeta de memoria y sus mensaje de texto, imágenes y videos guardados, además de otros relevantes.

Solo se permiten los datos que guarden relación con comunicaciones y conexiones entre la imputada y funcionarios (actuarios, ujieres) o abogados (representantes de las empresas y oficiales de Justicia) imputados u otras personas con sospecha de participación en el hecho, para esclarecer el caso.

Todos están procesados por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, porque supuestamente resolvían la procedencia de acciones contra los deudores con informes falsos de los ujieres y actuarios, según la imputación fiscal.

Más contenido de esta sección
Finalizó la audiencia preliminar en el caso de la firma Ara de Finanzas ante el juez de Garantías, Miguel Palacios, donde el principal imputado es el ex director de la firma, Carlos Hugo Sosa Palmerola, entre otros. En el caso, se investiga un supuesto perjuicio de 14 millones de dólares en el 2014. Las defensas piden prescribir la causa.
Unas 100 familias que adquirieron terrenos de cuatro urbanizaciones de propiedad de Ramón González Daher se quedarán sin sus viviendas, pese a que ya habían abonado todo, por el comiso de los bienes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados (Senabico). La inmobiliaria que administraba las mismas pidió intervención ante la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, pero les fue rechazada.
Un testigo señaló que su empresa ganó licitaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional a través de Alberto Koube y realizó trabajos de transporte de cargas, pero que, de cada pago de la institución, el empresario se quedaba con el 60% mientras que él recibía 40% de los pagos. Es en el juicio oral del citado empresario junto con el ex ministro Joaquín Roa.
La Sala Civil de la Corte Suprema rechazó la demanda promovida por un ex funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones como indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada.