08 nov 2026

Nombran a tres fiscales interinos para caso del intendente Miguel Prieto

Los fiscales Francisco Cabrera, Yeimy Adle y Silvia Margarita González fueron nombrados como interinos para el caso en el que está acusado el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras personas por un supuesto desvío de G. 350 millones.

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Interinos. Los fiscales Yeimy Adle, Francisco Cabrera y Silvia González, fueron nombrados en el caso del intendente de Ciudad del Este.

Foto: Archivo ÚH.

La Fiscalía General nombró a los tres fiscales para que interinen en la causa, tras la recusación por parte del jefe comunal de siete agentes fiscales, entre ellos, un adjunto, lo que había ocasionado la suspensión de la audiencia preliminar.

Los recusados son los agentes Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, a más de la fiscala adjunta, Soledad Machuca.

Sin embargo, aún no se podrá fijar la audiencia preliminar hasta tanto no se resuelva la recusación en contra del juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

Este había sido recusado por el coprocesado en la causa, Higinio Ramón Acuña, por supuesta parcialidad y falta de independencia por su supuesta amistad con gente del Clan Zacarías.

Lea más: Por recusaciones a juez y fiscales, suspenden la preliminar al intendente Miguel Prieto

Los fiscales Francisco Cabrera, Yeimi Adle y Silvia Margarita González ya se presentaron en el proceso en el que adjuntaron la resolución judicial que los nombró para ser interinos en la causa.

Los agentes del Ministerio Público habían sido recusados porque supuestamente pasaron información a la prensa de la declaración de los testigos.

Incluso, en su petición, el intendente Prieto citó la circular del fiscal general, que les instaba a no dar información de los casos.

Prieto y los otros procesados están acusados por presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Se señala la compra de alimentos durante la pandemia con un supuesto perjuicio de G. 350 millones, conforme con la acusación del Ministerio Público.

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