Como parte del procedimiento se decomisaron 180 máquinas de minería y transformadores, y se estima que el daño económico mensual asciende a más de 247 millones de guaraníes.
La ANDE detectó que la derivación en media tensión, sin medidor, registraba un promedio de 18,2 amperios de sustracción de energía.
La intervención de la institución se produjo luego de una exhaustiva verificación realizada por los equipos técnicos de la institución, específicamente del Departamento de Gestión de Pérdidas Norte y Centro, la Agencia Regional San Pedro, y el Departamento de Operaciones Estratégicas.
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A raíz de la irregularidad, la ANDE presentó una denuncia ante la fiscalía de turno de la Unidad Penal N° 3, dirigida al abogado José Alberto Godoy, en la que se señala el delito de sustracción ilegal de energía eléctrica.
Conforme a lo estipulado en la Ley Nº 7300/2024, se contempla penas de hasta 10 años de cárcel para quienes cometan este tipo de ilícitos.
Con la debida autorización judicial del juez penal de garantía, Vicente Coronel, se procedió al allanamiento del inmueble, donde fueron incautadas 180 máquinas utilizadas para la minería de criptoactivos, así como dos transformadores: uno de 1.000 kVA y otro de 25 kVA.
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Los equipos confiscados fueron trasladados a la fiscalía zonal de Santa Rosa del Aguaray para su resguardo.
Según estimaciones de la ANDE, el impacto económico de esta actividad ilegal es significativo. La sustracción de energía eléctrica provoca un daño patrimonial mensual de G. 247.916.286, sin contar los costos operativos adicionales ni las multas impuestas por la Ley Nº 966/64.
Los responsables de la conexión ilegal deberán afrontar estos costos, además de la pena privativa de libertad de hasta 10 años.
