En menos de una semana, se registraron dos hechos de amenazas a agentes fiscales por parte de legisladores, lo que constituye un grave atropello a la institucionalidad de la República; incluso, rayan los hechos punibles.
En el primer caso, poco después de que se diera a conocer el sobreseimiento definitivo del senador Hernán Rivas por el caso del supuesto título falso, la fiscala Patricia Sánchez denunció que le hicieron decir, por parte de un senador, que no recurriera la resolución de segunda instancia ya que su cargo peligraría.
Aunque no se supo hasta ahora el nombre del congresista, la misma Fiscalía General del Estado dio a conocer que activó el protocolo para la protección y seguridad de fiscales, funcionarios y servidores de los Ministerios Públicos.
Con esto, la ciudadanía pudo conocer la grave amenaza que recibió la agente fiscal, lo que generó más indignación respecto a la mentada resolución. La cuestión es que es una presión directa sobre la representante de la sociedad encargada de investigar el caso.
Sin embargo, pasaron apenas unos días para que, en un acto político, el diputado Rodrigo Gamarra, en su discurso, pidiera al senador Derlis Maidana, integrante del Jurado de Enjuiciamiento, que esté atento desde esa institución contra “aquellos fiscales que quieren instrumentar la Justicia para tratar de torcer voluntades o mancillar el nombre de algunas personas solamente para perjudicar a nuestro candidato Hugo Farías”.
Esto se dio luego de que la fiscala Sophia Galeano imputara a Aída Aquino de Farías (madre del candidato) a raíz de que un joven de 20 años perdiera una mano mientras utilizaba una máquina trituradora de alimentos. El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación.
Pese a que era una amenaza en contra de una agente del Ministerio Público, sus colegas legisladores trataron de minimizar el tema, cuando que, en realidad, por segunda vez, los cada vez más impunes miembros del Poder Legislativo, estaban abusando de su poder para presionar a representantes del Ministerio Público.
Es evidente que, con estos hechos, se tiene una intervención directa de un Poder del Estado, en otras instituciones, relacionadas directamente con otro Poder, lo que raya lo delictivo, aunque el hecho punible de coacción a órganos constitucionales no señala directamente al Ministerio Público, pero se acerca bastante.
La impunidad con que cuentan es lo que cada vez agranda más a los parlamentarios, quienes según su rol constitucional, son los que deben representar al pueblo. Lo peor es que difícilmente un agente fiscal se animará a investigarlos, ya que saben que están expuestos a perder sus cargos.
No obstante, la Fiscalía debe investigar estos hechos porque justamente el silencio y la inacción de los órganos encargados es lo que hace que estas situaciones vayan repitiéndose en nuestro país.
De hecho, tener un congresista condenado y otro con un título que, según la Fiscalía, es falso, no le hace ningún bien al Congreso. Le quita totalmente la poca o inexistente credibilidad que tiene. No quiero generalizar porque en toda institución existen excepciones, pero es bastante difícil hallarlos en el Legislativo.
Amenazar ya sea directa o en forma encubierta a un agente fiscal, quien es representante de la sociedad, que tiene el ejercicio de la acción penal pública es demasiado grave para que quede impune.
A esto se suma que la amenaza también va carcomiendo a otros, en este caso jueces, camaristas o ministros, quienes también están atentos a lo que pase, ya que son ellos los que deben resolver los pedidos de los fiscales.
Es evidente que estos hechos van degradando finalmente a la Justicia, porque primero afecta a los investigadores, para luego ir a los juzgadores que son menos propensos a denunciar casos de esta naturaleza.
