El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) presentó el Informe Especial de Habitabilidad en Comisarías del Departamento Central, un estudio que expone con datos técnicos y evidencia empírica las condiciones reales en que se produce la privación de libertad de corto tiempo en dependencias policiales. El relevamiento fue realizado en el marco de un convenio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA) y abarcó un total de 68 comisarías del departamento.
El trabajo de campo, desarrollado entre los meses de julio y noviembre de este año, combinó evaluación arquitectónica con enfoque de derechos humanos, medición precisa de celdas, análisis documental, entrevistas a jefes, subjefes, personales policiales, hombres y mujeres, así como a personas detenidas. El objetivo fue determinar la capacidad real permitida de cada celda, cuyas dimensiones mínimas conforme estándares internacionales son de 6 m² por persona y adicional 2 m² por cada persona cuando se trata de celdas colectivas.
Los hallazgos evidencian un déficit crítico de infraestructura. Más del 47,2% de las celdas no alcanzan el estándar mínimo de seis metros cuadrados, y en varios casos se registran superficies inferiores a 4 m², lo que configura espacios inhabitables incluso para detenciones breves. A esto se suma la falta de ventilación, iluminación adecuada y sanitarios internos, que agravan las condiciones de privación temporal y vulnera la dignidad humana.
Con relación a la privación de libertad de mujeres la situación es más crítica. Solo 13 de las 68 comisarías cuentan con celdas destinadas a mujeres y apenas tres cumplen el estándar mínimo de superficie, lo que representa menos del 5% del total del Departamento Central. Esta precariedad incrementa los niveles de vulnerabilidad y riesgo de tortura y malos tratos.
El informe también resalta el incumplimiento de los plazos legales por parte de jueces, quienes con sus resoluciones convierten las comisarías en espacio de detención prolongada, desnaturalizándolas. El 42,4% de las personas entrevistadas llevaban más de 72 horas privadas de libertad, registrándose casos de permanencias de entre 10 y 15 días.
El informe evidencia que las condiciones materiales no son aspectos secundarios, sino un componente central de la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Establecer estándares claros de metraje, ventilación, iluminación y servicios sanitarios permite reducir riesgos, ordenar el uso temporal de las comisarías y delimitar responsabilidades institucionales.
Muchas de las construcciones relevadas datan de hace más de cincuenta años y fueron diseñadas para una realidad institucional y operativa distinta a la actual. En ese contexto, el informe plantea la necesidad de avanzar hacia una adecuación integral, que combine el cumplimiento de las condiciones mínimas de custodia con la funcionalidad y seguridad de los espacios laborales, como un componente central para fortalecer el Estado de derecho y prevenir malos tratos en contextos de privación de libertad.
