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Allanan la Administración Nacional de Navegación y Puertos

El fiscal Juan Manuel Ledesma allanó este jueves las oficinas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en busca de documentos, a raíz de una denuncia del senador Pedro Santacruz por diferentes hechos punibles de supuesta corrupción.

El agente fiscal Juan Manuel Ledesma se constituyó en busca de documentos en las oficinas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). El procedimiento sigue en curso.

El senador Pedro Santacruz, del Partido Democrático Progresista, presentó una denuncia ante la Unidad Penal de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía contra el titular de la ANNP, Ramón Retamozo, por supuestos hechos de corrupción.

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Entre los hechos punibles denunciados se mencionan lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos de contenido falso y enriquecimiento ilícito.

El documento menciona la firma de un convenio en el año 2018 entre la ANNP, la Dirección Nacional de Aduanas, el Centro de Despachantes Aduaneros del Paraguay y la firma Sif América.

En ese sentido, se expone que el acuerdo estableció la implementación del Sistema Integrado de Gestión Aduanera-Portuaria, con el objetivo de facilitar el sistema y mejorar el control.

No obstante, en ninguna cláusula se menciona una contraprestación económica a Aduanas por la utilización de su sistema informático Sofía, sobre el cual la firma Sif América no cuenta con registro de propiedad intelectual ni de marca.

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Sin embargo, el convenio fue ampliado con un supuesto anexo secreto de entrega de las recaudaciones mensuales a la empresa Sif América del 10% de las recaudaciones, cuando se supere el monto de más de G. 7.745 millones.

Asimismo, el contrato se firmó por un valor de G. 6.000 millones, con un anticipo de G. 2.850 millones, que no correspondería.

Entre otras cosas, el senador manifestó que hay pruebas de que se rinden cuentas con facturas falsificadas y clonadas que se elaboran en la central de Puertos, sumadas a las irregularidades que constató la Contraloría General de la República relacionadas a anticipos a contratistas pendientes de regularización y saldos a cuentas cobrar por servicios anteriores, entre otras.

La Fiscalía aún no brindó mayores datos con respecto al procedimiento en curso en la sede de Puertos.

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