“Hubieron preguntas, hubieron respuestas. Ese fue un trabajo técnico que llevó muchísimos meses”, dijo Santiago Peña sobre el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) referente a sus bienes y patrimonio detallados en su Declaración Jurada (DDJJ), alegando que se puso a disposición en su momento, y que la conclusión del ente refleja que hay correspondencia en sus ingresos.
“Todo está documentado, todo está presentado de manera correcta, legalmente, con trazabilidad”, acotó el mandatario.
Asimismo, señaló que para muchos es fácil levantar acusaciones y tratar de manchar.
“Lastimosamente hubiese esperado un pedido de disculpas por parte de aquellos que tanto me atacaron”, retrucó el jefe del Poder Ejecutivo.
Numerosas críticas surgieron esta semana ante el informe que la Contraloría remitió este lunes a la Fiscalía sobre los resultados del examen de correspondencia de bienes practicado al presidente Santiago Peña.
Las críticas se dirigen principalmente a que el organismo no halló ninguna irregularidad en la evolución patrimonial del jefe de Estado, cuya fortuna aumentó G. 20.000 millones en el periodo 2017-2023, etapa no evaluada por la CGR debido a que en ese momento no ejercía funciones públicas.
Críticas al patrimonio de Peña
Durante este martes hubo críticas públicas respecto al examen patrimonial hecho por la Contraloría sobre de los bienes de Peña.
En ese sentido, el abogado Felino Amarilla criticó las rectificaciones hechas por Peña ante la Contraloría, calificándolas de un “maquillaje” financiero para cuadrar sus cuentas. Señaló que se instaló un mar de dudas sobre un supuesto enriquecimiento ilícito.
“Es llamativo que los números se equilibren de una forma inusitada en este informe (de Contraloría). Acá el maquillaje significó un calce de más o menos G. 2.000 millones a G. 3.000 millones. Nuestra denuncia es correcta y se ajusta a derecho”, mencionó Amarilla.
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El abogado se refirió a la construcción de la mansión que el presidente levantó en San Bernardino por montos millonarios financiados por el grupo Ueno con el que él tuvo relación económica.
En tanto, el senador opositor Rafael Filizzola cuestionó que la Contraloría haya omitido principalmente analizar los años de mayor acumulación de Peña, al tratarse de una persona políticamente expuesta.
Alertó que el informe no reemplaza a una investigación penal e instó a la Fiscalía a indagar el origen de su riqueza, especialmente los más de G. 20.000 millones obtenidos entre 2017 y 2023.
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Asimismo, describió una serie de debilidades del informe presentado por la Contraloría sobre el examen de correspondencia patrimonial del presidente de la República.
Se refirió al periodo entre el 2017 y 2023, que la Contraloría reconoce como un “intervalo privado”, no está sujeto al control patrimonial directo.
Coincidentemente, en esos años su patrimonio saltó de G. 1.300 millones a G. 23.000 millones, un hecho de suma relevancia, considerando que con el último monto puede tener un acceso privilegiado a estructuras financieras, así como valorizaciones societarias y oportunidades normalmente reservadas a actores con enorme capacidad económica, relacional y política, de acuerdo al análisis de Filizzola.
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Los diputados opositores Adrián Billy Vaesken (PLRA) y Guillermo Rodríguez (Yo Creo) también se sumaron a las críticas. Coincidieron que el informe de la Contraloría sobre los bienes de Peña fue un “blanqueo”, ya que para el ente no existió irregularidades en el incremento patrimonial del jefe de Estado, aunque no examinó el periodo entre 2017 y 2023.
Estas críticas surgieron durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este martes, donde varios legisladores cuestionaron el informe que la Contraloría remitido a la Fiscalía sobre los resultados del examen de correspondencia de Peña.
Los diputados opositores criticaron que el organismo no constató ninguna irregularidad en la evolución patrimonial del jefe de Estado, cuya fortuna aumentó G. 20.000 millones en el periodo 2017-2023, etapa no evaluada por la Contraloría debido que en ese momento no ejercía funciones públicas.
En la sesión de la Cámara Baja también se aprobó un pedido de informe impulsado por los diputados Raúl Benítez y Johanna Ortega para requerir datos a la Contraloría, tras el dictamen del ente contralor que avala la correspondencia patrimonial del presidente Santiago Peña, conclusión que los legisladores cuestionan al considerar “inexplicable” el incremento registrado en su patrimonio.
