Todo el subcontinente americano se enfrenta a la amenaza del crimen organizado, que no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que también obstaculiza el crecimiento económico y el control de la inflación, así como el desarrollo social y ambiental. Se pronostica que el crimen organizado seguirá expandiéndose y adaptándose a nuevas tecnologías, buscando nuevas rutas y mercados ilícitos.
DESAFÍOS Y TENDENCIAS
• Alta tasa de homicidios: América Latina y el Caribe sigue siendo la región más violenta del mundo, con tasas de homicidios que superan con creces las de otras partes del mundo.
• Evolución del crimen organizado: Las organizaciones criminales se están adaptando y diversificando, utilizando nuevas tecnologías y expandiendo sus operaciones a través de diversas fronteras.
• Vínculos con la política y las instituciones: El crimen organizado a menudo tiene vínculos con políticos y funcionarios corruptos, lo que dificulta la lucha contra este fenómeno.
• Impacto económico: El crimen organizado genera altos costos incluyendo pérdidas de inversión, menor crecimiento económico y mayores gastos en seguridad.
• Falta de oportunidades: La falta de oportunidades económicas y la debilidad institucional son factores que contribuyen a la expansión del crimen organizado.
ESCENARIOS FUTUROS
• Mayor sofisticación: Las organizaciones criminales podrían volverse más complicadas y más conectadas a nivel global, utilizando nuevas tecnologías y redes complejas para sus operaciones.
• Expansión a nuevos territorios: La lucha permanente contra el crimen organizado podría desplazarlo a otras áreas, extendiendo la violencia y la inseguridad a nuevas regiones.
• Aumento de la violencia: Si no se toman medidas efectivas, el ensañamiento relacionado con el crimen organizado podría seguir aumentando, afectando a más personas y comunidades.
• Mayor demanda de drogas: La continúa demanda de múltiples drogas ilegales, como la cocaína, la heroína y el fentanilo (aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína) seguirá siendo un factor clave del crimen organizado en la región.
• Desarrollo de estrategias más resilientes: Las economías criminales podrían volverse más resistentes a los esfuerzos de las autoridades, con flujos de ingresos más estables y vínculos más profundos con la sociedad.
ESTRATEGIAS
• Fortalecimiento institucional: Es crucial fortalecer las instituciones democráticas, mejorar la capacidad de las fuerzas del orden y garantizar la independencia del poder judicial.
• Desarrollo económico y social: Crear oportunidades económicas y reducir la desigualdad son fundamentales para prevenir que más jóvenes caigan en las redes del crimen organizado.
• Cooperación internacional: La lucha contra el crimen organizado requiere una cooperación efectiva entre países, compartiendo información y recursos.
• Prevención del delito: Es necesario implementar programas al respecto, especialmente dirigidos a jóvenes en riesgo así como fortalecer la educación y la salud mental.
• Superar la impunidad: Es fundamental castigar a los responsables de crímenes organizados así como a aquellos que los protegen y se benefician de ellos.
ONU Y ALC
Las Naciones Unidas han emitido recomendaciones a América Latina y el Caribe para combatir expansión y profundización del crimen organizado, enfocándose en prevención, persecución y protección de la población. Estas recomendaciones incluyen estrategias regionales contra el narcotráfico, control de armas, reformas judiciales así como mayor inversión en salud pública y prevención del uso de drogas. Además, se destaca la importancia de fortalecer la cooperación internacional y superar corrupción e impunidad así como la necesidad de mejorar los controles estatales en la circulación de armas y el combate a los paraísos fiscales.
RECOMENDACIONES
• Estrategias regionales: Se insta a los gobiernos a implementar estrategias regionales coordinadas para combatir el narcotráfico, incluyendo el control de armas, reformas judiciales y el aumento de recursos para programas de salud pública y prevención de drogas.
• Control de armas: Se enfatiza la necesidad de fortalecer los controles estatales sobre la circulación de armas, reconociendo que el acceso a armamento sofisticado es un pilar del poder de las organizaciones criminales.
• Combate a la corrupción y el lavado de dinero: Se recomienda intensificar la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y el lavado de activos, reconociendo que estas actividades facilitan las operaciones del crimen organizado.
• Fortalecimiento de la cooperación internacional: La ONU promueve la cooperación entre países para el intercambio de información, asistencia judicial y extradición de criminales.
• Prevención del delito: Se recomienda implementar estrategias para superar ilegalidades que incluyan educación, fortalecimiento comunitario, uso de tecnología, políticas de inclusión social, y fortalecimiento de autoridades honestas.
• Abordaje de delitos ambientales: Se propone una iniciativa regional específica para fortalecer la capacidad normativa y operativa para abordar delitos como la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre y la tala ilegal, que a menudo están vinculados al crimen organizado.
• Fortalecimiento de la justicia penal: Se recomienda mejorar la eficiencia y transparencia de los sistemas judiciales así como promover la cooperación internacional en materia de asistencia judicial y extradición.
• Inversión en salud pública: La ONU destaca la importancia de invertir en programas de salud pública y prevención del uso de drogas para reducir la demanda y el impacto del narcotráfico.
• Protección de víctimas y testigos: Se recomienda fortalecer los mecanismos de protección para víctimas y testigos de drogadicción así como programas de rehabilitación y reinserción social.
En resumen, la ONU enfatiza la necesidad de un enfoque integral y coordinado para combatir el crimen organizado en ALC, que incluya estrategias de prevención, persecución, cooperación internacional, y fortalecimiento de las instituciones.
MERCOSUR
También el MERCOSUR está tomando medidas activas para combatir el consumo de drogas, con énfasis en la cooperación regional y el intercambio de información entre los países miembros. Se están desarrollando nuevas estrategias y mecanismos para fortalecer la seguridad regional, incluyendo la creación de una agencia especializada y la implementación de sistemas de intercambio de información.
PUNTOS CLAVE
Su combate al crimen organizado se centra en lo siguiente:
• Creación de una agencia especializada: Se propone la creación de una agencia del MERCOSUR dedicada a combatir el crimen organizado transnacional, con el objetivo de mejorar la cooperación internacional y fortalecer la coordinación entre las fiscalías y fuerzas de seguridad de los países miembros.
• Fortalecimiento de la cooperación regional: Se están impulsando iniciativas para mejorar el trabajo conjunto entre los países miembros en materia de seguridad, incluyendo el intercambio de información y la coordinación de acciones en controles fronterizos y respuesta a emergencias.
• Implementación del SISME: Se busca implementar el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR para facilitar el flujo rápido de datos entre las fuerzas policiales y de seguridad de los países miembros.
• Contra el crimen organizado digital: Se reconoce la creciente amenaza del mismo y se busca fortalecer los mecanismos de intercambio de información y desarrollo de investigaciones conjuntas para combatir este tipo de delitos.
• Cooperación en eventos deportivos: Se está trabajando en la actualización de información y buenas prácticas relacionadas con eventos deportivos de alto riesgo, en coordinación con la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol).
• Compromiso con la seguridad regional: El MERCOSUR están comprometido con la creación de políticas regionales en materia de seguridad y de mecanismos para combatir el crimen organizado transnacional.
En resumen, el MERCOSUR está comprometido en la lucha contra el crimen organizado a través de la cooperación regional, el intercambio de información así como la implementación de nuevas estrategias y mecanismos de seguridad.
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
Los presidentes de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de la República del Paraguay, Santiago Peña; de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou; la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Diana Mondino, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora y las Altas Autoridades de los Estados Asociados, reunidos en Asunción, República del Paraguay el 8 de julio de 2024, en ocasión de la LXIV Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Asociados:
RECONOCEN que el creciente desarrollo del crimen organizado transnacional resulta una amenaza, con consecuencias no solo para la seguridad de los países de la región, sino también para la estabilidad democrática, el desarrollo socioeconómico y la paz regional. Conscientes que la actividad de organizaciones criminales en centros penitenciarios, repercute en la ciudadanía y constituye un desafío para la seguridad, que merece contar con herramientas acordes a esta problemática. Manifiestan la urgencia de aunar esfuerzos con miras a la integración de políticas regionales afines en materia de seguridad, que hacen a la identificación de amenazas, riesgos y vulnerabilidades, prevención y combate a las diferentes modalidades del crimen organizado transnacional, como tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, fabricación y tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados, trata de personas, tráfico de migrantes, corrupción y delitos económicos, financieros y terrorismo, entre otros. SUBRAYAN el desafío representado por los delitos que afectan el medioambiente, en particular el tráfico ilícito de flora y fauna, de maderas, desechos peligrosos, de metales y minerales preciosos, y la deforestación, así como sus conexiones con otras modalidades criminales. Frente a tal desafío, reconocen la necesidad de reforzar la cooperación internacional y los marcos normativos globales sobre la materia.
COINCIDEN que el crimen organizado transnacional constituye un problema global que debe ser enfrentado de manera decidida, conjunta, coordinada e ininterrumpida entre los Estados Partes y Estados Asociados. Para ello se deben acordar e implementar acciones concretas en materia de seguridad regional; orientadas a desarticular, desalentar y con ello disminuir ostensiblemente la delincuencia, los daños a la vida y la inseguridad de los ciudadanos.
Destacan la necesidad de intercambiar informaciones y experiencias de manera segura y oportuna, tendientes a desarrollar a nivel regional, investigaciones, estudios y diagnósticos operacionales y estratégicos sobre la situación del crimen organizado trasnacional, las amenazas que ello genera y el impacto negativo de estas en las distintas áreas de desarrollo, así como en la seguridad y la convivencia ciudadana.
Acuerdan generar e implementar estrategias de seguridad para el desarrollo común, acorde a los nuevos desafíos, mediante acciones simultáneas, coordinadas y/o complementarias, con el fin de reducir el impacto negativo que genera la delincuencia en la ciudadanía; bajo la premisa regional que la Seguridad y el Desarrollo constituyen pilares fundamentales para lograr el bienestar general de nuestros pueblos. Concuerdan en la importancia de la coordinación permanente en la lucha contra el crimen organizado transnacional, entre los Estados Partes y Estados Asociados, además del desarrollo de estrategias articuladas entre los organismos de seguridad con miras a la planificación, ejecución y evaluación de acciones operacionales y estratégicas.
Destacan la relevancia de que los Estados Partes y Estados Asociados diseñen e implementen campañas de comunicación dirigidas a los ciudadanos del Mercosur, que permitan visibilizar y sensibilizar acerca de la problemática del crimen organizado transnacional, el impacto negativo en la sociedad, y en especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, impulsando mecanismos de colaboración entre las distintas instituciones de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia.
