Con las modificaciones del Código Penal, la máxima condena subió de 15 a 30 años, una medida que fue apoyada por el sector conservador del Congreso.
Sin embargo, por sí sola esta ley no genera transformaciones reales para erradicar la violencia sexual en una población tan vulnerable. En simultáneo a la Justicia y reparación, se deben adoptar políticas de prevención, atención y asistencia, donde el Estado paraguayo arrastra una gran deuda como garante de derechos humanos.
Los datos oficiales muestran que casi 10 niños, niñas y adolescentes sufren abuso diariamente y que los agresores pertenecen mayormente a su entorno familiar. En el 2024 se denunciaron 3.521 casos, de los cuales cerca del 40% corresponde a Central.
Se trata del departamento más poblado y, al mismo tiempo, concentra los servicios de acceso a información y atención de denuncias, entre otros.
Estos índices preocupan a una sociedad que lamenta profundamente la violencia sexual a niños y niñas, pero que no encuentra herramientas para eliminarla, herramientas que debe facilitar el Estado.
El Movimiento contra la Violencia Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes realiza una constante reflexión sobre esta realidad y convoca a una marcha este sábado en el marco del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de esta población.
Pero, contrariamente a las demandas sociales sobre este punto, autoridades del Congreso pretenden eliminar el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de la Mujer para crear un Ministerio de la Familia. Bajo el argumento de un ahorro de costos, amenazan con dejar sectores vulnerables sin una atención a sus necesidades específicas.
El proyecto nuclea todos los derechos en el concepto de familia, que justamente es el espacio donde se producen la mayoría de los abusos y violencia hacia las mujeres. ¿Cómo las víctimas podrán confiar en esta nueva institución? No hay forma, es un retroceso.
La marcha del sábado recuerda el caso de Felicita que conmovió a todo el país. Vivía en una situación de pobreza y vulnerabilidad en todos sus derechos, que fue aprovechada por un criminal que abusó de ella y la mató cuando tenía apenas 11 años.
El hallazgo de su cuerpo al pie del cerro Yaguarón paralizó a todo el país. Desde entonces, la niña vendedora de mandarinas se convirtió en un símbolo de lucha contra el abuso de niños, niñas y adolescentes. Hasta el momento, el culpable sigue libre y sin ser identificado.
Insuficiente. Una simple ley punitiva no podría evitar casos como el de Felicita, quien ya era víctima del abandono estatal desde que nació. Proveniente de una familia numerosa y sin recursos para subsistir, el trabajo infantil formaba parte de su rutina diaria.
Por eso, el combate al abuso sexual debe tener un abordaje integral, donde se garantice una vida feliz y sin violencia, muy lejos de la comprensión de los conservadores que copan el Congreso Nacional.
Recientemente, el cartista y antiderechos, Gustavo Leite, llamó a rechazar un proyecto de ley que busca erradicar el criadazgo, una forma de esclavitud que sufren niñas, niños y adolescentes. Para el senador, se trata de una cuestión cultural la explotación de esta población, que además queda expuesta a todo tipo de abusos en los hogares ajenos donde las “familias” los sobrecargan de tareas no acordes a su edad y por prolongadas horas a cambio de techo, comida y con suerte, una escuelita pyhare.
No hay de otra, Leite y sus secuaces deben aceptar y promover el abordaje integral para generar un verdadero cambio en favor de la niñez.
