Las cajas de jubilación atraviesan una crisis de sostenibilidad. Las pérdidas son millonarias, y el déficit crece, generando una presión fiscal que amenaza con desbordar las finanzas públicas. Frente a este escenario, el debate no puede seguir siendo postergado.
El desafío central es avanzar hacia una reforma sin vulnerar derechos adquiridos. Es decir, cómo garantizar que los trabajadores no pierdan beneficios que han sido históricamente conquistados, y a la vez, asegurar que las cajas cuenten con fondos suficientes para pagar esas jubilaciones no solo hoy, sino dentro de 10, 20 o 30 años.
La espera por la reforma no se debe únicamente a la búsqueda de un equilibrio entre los distintos regímenes o a una solución técnica frente al déficit. También responde a la necesidad política de identificar el momento más propicio para avanzar, tal como se hizo con otras reformas en el pasado.
Aunque el Congreso, con mayoría oficialista, ya había manifestado apertura al debate, y figuras como el senador Silvio Ovelar incluso se ofrecieron a liderar una comisión de estudio, hasta ahora el único vocero constante del tema ha sido el ministro de Economía, Carlos Fernández..
Los primeros comentarios del ministro apuntan hacia posibles ajustes, como subir la edad de jubilación, aunque también se podría aumentar los años de aportes requeridos, o incluso elevar la tasa de cotización. Todas estas medidas son racionales desde una mirada técnica, pero políticamente sensibles.
Por su parte, distintos sectores expresaron su descontento, y uno de los principales puntos de fricción ha sido la gobernanza de los fondos, que hoy están bajo control del Tesoro Público. La falta de autonomía y transparencia en la gestión de los recursos públicos genera desconfianza y alimenta la resistencia a cualquier cambio. Mientras tanto, el sistema sigue desangrándose. Si no se actúa con decisión, el déficit continuará profundizándose y el Estado se verá obligado a destinar más recursos de los contribuyentes para pagar las jubilaciones de un sector formal y privilegiado, mientras que más del 60% de los paraguayos –quienes trabajan en la informalidad– probablemente nunca se jubilen. Esta es, quizás, la mayor injusticia del sistema actual que se sostiene con fondos públicos a una minoría formalizada, mientras margina a millones de trabajadores que no están cubiertos por ninguna red de protección social. Reformar el sistema previsional no es solo un asunto financiero, es una cuestión de justicia social.
Subir la edad de jubilación, alargar los años de aportes, y revisar las tasas de reemplazo no son medidas populares. Y menos aún en un contexto de elecciones municipales, donde los funcionarios públicos tienen un peso considerable en el padrón electoral. Pero seguir evitando el debate por razones políticas es, en los hechos, condenar el sistema al colapso.
