Con una nota escrita a mano, la abogada Zully Ortiz, quien cumple arresto domiciliario, recusó al Tribunal de Apelaciones, que a su vez debía estudiar la recusación al Tribunal de Sentencia de la ciudad de Villa Hayes, que debe juzgarla en un juicio oral y público. Puso que la recusación era “bajo patrocinio de abogado”, pero la única que firmó fue ella.
Con esto, el caso quedó en poder de la Corte Suprema de Justicia, donde está para la segunda firma, desde el 27 de agosto, en manos del ministro Luis María Benítez Riera.
El pasado 14 de agosto debía iniciar el juicio oral y público a Zully Ortiz y los propietarios de la empresa Vanessa y Asociados SA, a quienes ella representaba: Mirtha Elizabeth Metel y Julio César Paiva. Sin embargo, no se realizó, porque había recusado a los jueces de sentencia.
El caso que le llevó a juicio
Ángela Zárate es la presunta víctima de Zully Ortiz y los otros dos acusados, cuya causa comienza en octubre del 2013, cuando accede a un crédito y firma dos pagarés a favor de la firma Vanessa y Asociados SA por montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000.
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Zárate saldó la deuda en setiembre del 2015; sin embargo, Mirtha Elizabeth Metel y Julio César Paiva, dueños de la empresa, entregaron los pagarés a la abogada Zully Ortiz, quien termina demandando a Zárate en el 2020 en el Juzgado de Paz de Nueva Italia.
Primer embargo. La entonces jueza de Paz Norma Barrios ordenó el embargo, con lo que se volvió a cobrar toda la deuda. La víctima recién se enteró del juicio ejecutivo en su contra cuando le embargaron el sueldo. Ella nunca fue notificada.
La víctima reclamó que ya había pagado toda la cuenta y la jueza de Paz de Villeta, Beatriz Olga Morán, anuló el proceso y devolvió a Ángela Zárate el dinero que se le había descontado por el embargo.
Pese a que se canceló la deuda ya dos veces, uno vía administrativa y luego con la judicial, nuevamente en agosto de 2022 Zully Ortiz promovió otro juicio en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval.
Segundo embargo. Allí, el entonces juez de Paz Roberto Ferreira, “con el conocimiento de que los citados pagarés ya habían sido ejecutados previamente, declaró la rebeldía de Zárate”, dice el Ministerio Público.
El caso terminó en octubre del 2023 con una sentencia de que Ángela Mabel Zárate debía pagar por tercera vez la suma de G. 7.200.000.
De esa suma se le llegó a debitar G. 5.700.000, pero ella reclamó y ahí se suspendió el descuento compulsivo y la devolución del dinero.
Esta causa tuvo un efecto cascada. Con la denuncia de Ángela en Fiscalía, la entonces jueza Norma Barrios, de Nueva Italia, renunció, así como Roberto Ferreira, de Benjamín Aceval. Este luego fue procesado por el caso de la mafia de pagarés.
