La Fiscalía presentó imputación contra el ex director de Inteligencia de la Senad, Mauro Ruiz Díaz Vallejos, y a su ex esposa Andrea Karina Martí por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tras detectarse movimientos por G. 2.802.515.608 sin justificación.
El caso surge de una indagatoria previa que detalla adquisiciones conjuntas e individuales sin poder justificar.La imputación fue presentada por la agente fiscal Belinda Bobadilla, quien además solicitó la medida de prisión preventiva para los encausados.
Entre los bienes figuran una camioneta Volvo XC60 T8 de USD 85.000, inmuebles en Villa Elisa y depósitos millonarios y préstamos en diferentes financieras. Según el Ministerio Público, el monto no guardaría relación con sus ingresos lícitos declarados como funcionarios públicos.
Ruiz Díaz fue destituido de la Senad por faltas graves en enero de 2025, sindicado de haber sido el informante del acusado por narcotráfico Miguel Insfrán, alias Tío Rico, quien era uno de los objetivos del operativo A Ultranza PY.
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Díaz Vallejos se desempeñaba como director del Departamento de Inteligencia de la Senad. Luego fue comisionado a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos, Graves y de Prevención de las Adicciones, a pedido del diputado Jatar Fernández, ex miembro del partido Cruzada Nacional. Posteriormente lo vinculara al supuesto narco y su comisionamiento quedó sin efecto.
Asimismo, la Contraloría General de la República le practicó un examen de correspondencia a sus bienes luego de la acusación que presentó la Fiscalía en contra de Tío Rico, en el cual se reveló conversaciones con el prófugo Sebastián Marset.
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En cuanto a la investigación realizada por Bobadilla, se concluyó que de total del monto que no tiene justificación, G. 1.617.997.445 corresponderían a adquisiciones conjuntas, G. 825.960.400 a operaciones atribuidas exclusivamente a Mauro Ruiz Díaz Vallejos y G. 358.557.763 a operaciones atribuidas únicamente a Andrea Karina Martí.
En el escrito de la imputación, el Ministerio Público sostiene que los movimientos patrimoniales y financieros de ambos imputados no guardarían proporción con sus ingresos salariales declarados, y que parte de los fondos utilizados en las distintas adquisiciones, depósitos, pagos y operaciones financieras tendría un origen presuntamente ilícito o no justificado.
