09 sept 2026

La abogada Zully Ortiz recusa a Tribunal y suspende su juicio por la mafia de pagarés en Villa Hayes

La abogada Zully Ortiz recusó al Tribunal de Sentencia de Villa Hayes y con eso suspendió el inicio del juicio oral en su contra, donde está acusada por estafa, tras promover demandas en dos ocasiones contra una víctima, pese a que la deuda estaba saldada. Además, los jueces le beneficiaron con la medida el arresto domiciliario, por lo que saldrá de prisión.

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La abogada Zully Ortiz, procesada.

Toda una comitiva de víctimas de la mafia de los pagarés asistieron hoy a lo que debía ser el inicio del juicio en contra de la cuestionada abogada Zully Ortiz y los dueños de la empresa Vanessa y Asociados SA , Mirtha Elizabeth Metel y Julio César Paiva, sin embargo, la diligencia no se realizó por una recusación presentada por la defensa de Ortiz. Los tres están acusados por los cargos de asociación criminal y estafa.

Fue a través de su abogada Cynthia Romero que se presentó la recusación contra los jueces Gregorio Paciello, José Jacquet y Víctor Ilich, quien estuvo en reemplazo de su colega Corina Sanabria, quien se ausentó.

“Esta recusación frena el inicio, el tribunal no tiene otra cosa que cursar el pedido”, detalló el fiscal Leonardi Guerrero. Ahora, un Tribunal de Apelaciones deberá estudiar y resolver la recusación.

Juicio de la mafia de pagarés contra Zully Rolón en Villa Hayes (6).jpeg

Víctimas acompañaron a lo que iba a ser el inicio del juicio contra Zully Ortiz.

Foto: Gentileza.

En la causa, la abogada Noelia Núñez, en representación legal de Ángela Zárate, recusó ayer a los fiscales de Delitos Económicos, Belinda Bobadilla y Jorge Arce, ante un rumor de que se allanarían a una posible conciliación, por lo que el caso fue asignado al fiscal Leonardi Guerrero.

Ver más: La abogada Zully Ortiz cambia de defensora y pide suspender su audiencia preliminar de mañana

Burla a las víctimas

La abogada Diana Vargas, directora de la Comisión de Investigación de la Mafia de Pagarés en el Senado, compartió imágenes donde se observaban a un grupo de víctimas de la mafia de los pagarés que acompañan y velan por cada proceso, exigiendo justicia para las miles de víctimas de está trama delictiva.

Vargas contó que la actitud de Zully Ortiz fue de burla. “Así aguardan las víctimas a Zully Ortiz y a los Paiva (dueños de Vanesa SA). Ella desafiante riéndose a unos metros, esposada”, publicó la abogada en su perfil en la red social de X.

El caso de Ángela Zárate, víctima del esquema

El caso de Ángela Zárate comenzó en octubre del 2013, cuando accedió a un crédito y firmó dos pagarés a favor de la firma Vanessa y Asociados SA, por montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000.

Posteriormente, la mujer saldó su deuda en setiembre del 2015, sin embargo, Mirtha Elizabeth Metel y Julio César Paiva, dueños de la empresa, entregaron los pagarés a la abogada Zully Ortiz, quien promovió las demandas contra Zárate en el 2020, en el Juzgado de Paz de Nueva Italia.

Primer embargo. La entonces jueza de Paz Norma Barrios resolvió ordenar el embargo, pese a que la deuda estaba cancelada, con lo que se volvió a cobrar toda la deuda. La víctima recién se enteró del juicio ejecutivo en su contra cuando le embargaron el sueldo, por lo que nunca fue debidamente notificada.

Ante está situación, la víctima reclamó que ya había pagado toda la cuenta, por lo que la jueza de Paz de Villeta Beatriz Olga Moran anuló el proceso y devolvió el dinero a Ángela Zárate, todo el monto descontado por el embargo.

Juicio de la mafia de pagarés contra Zully Rolón en Villa Hayes (1).jpeg

Miembros de la coordinadora, junto a Ángela Zárate (centro), víctima en la causa.

Foto: Gentileza.

Pese a que se canceló la deuda en dos ocasiones, uno vía administrativa y otro con resolución judicial, en agosto de 2022, nuevamente la abogada Zully Ortiz promovió otro juicio en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval contra Zárate.

Segundo embargo. En está causa, el entonces juez de Paz Roberto Ferreira, “con el conocimiento que los citados pagarés ya habrían sido ejecutados previamente, habría declarado la rebeldía de Zárate”, dice la acusación del Ministerio Público.

Ese caso terminó en octubre del 2023, con una sentencia de que Ángela Mabel Zárate debía pagar por tercera vez la suma de G. 7.200.000.

De esa suma, se le llegó a debitar el monto de G. 5.700.000, pero la víctima reclamó el embargo y suspendió el descuento compulsivo y revertió el caso nuevamente con la devolución del dinero.

El fiscal Leonardi Guerrero confirmó que esta causa tuvo un efecto cascada, debido a que con la denuncia de Ángela en la Fiscalía, la entonces jueza Norma Barrios de Nueva Italia renunció a su cargo, así como el juez Roberto Ferreira, de Benjamín Aceval, quien también está procesado por el caso de la mafia de pagarés.

Con arresto domiciliario

Paralelamente al juicio, hoy también se llevo a cabo una audiencia de revisión de medidas, pese a que el Tribunal de Sentencia estaba recusado, teniendo en cuenta que se trata de una medida cautelar.

En dicha diligencia, los jueces resolvieron otorgar el arresto domiciliario para la abogada Zully Ortiz. Con ello, la acusada deberá abandonar la prisión.

Lea también: Condenan a abogada involucrada en la mafia de pagarés que amenazó a periodista

Comunicado de la Coordinado de Víctimas

Las víctimas de la mafia de los pagarés lanzaron un comunicado, denunciando una “flagrante violación de garantías” y un “sesgo evidente del sistema judicial”.

“Al arribar a la hora fijada, constatamos la ausencia de la jueza titular de la causa. En su lugar, se integró de forma extraordinaria un Tribunal de Sentencia que actuó con inusitada celeridad para otorgar el arresto domiciliario”, menciona el escrito.

“Mientras las víctimas seguimos desamparadas y sin recuperar nuestros hogares, la acusada retorna al suyo bajo un régimen de favor”, lamentó la Coordinadora de Víctima de la mafia de pagarés.

Comunicado de la Coordinadora de Víctimas de la mafia de pagarés.jpeg

Solicitaron a la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) una auditoría de gestión urgente “sobre la legalidad en la integración de este Tribunal”.

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